Entre sorpresas, indignación y hasta cierta incredulidad por el cúmulo de escándalos de corrupción multimillonarios en perjuicio del erario, el caso Medusa ha centrado la atención pública y creado grandes expectativas sobre la posibilidad de que, por primera vez en décadas, se pueda sentar un precedente de adecentamiento en la gestión administrativa del Estado.


El Ministerio Público, con toda su estructura de fiscales anticorrupción,  ha realizado en este caso una profunda y bien pormenorizada investigación en un voluminoso expediente fortalecido con muchas evidencias fortalecidas por detalles precisos ofrecidos por testigos que han colaborado ampliamente en esta pesquisa.


Participación Ciudadana y otros representantes de la sociedad civil han reconocido el gran trabajo y el esfuerzo de esas indagatorias y esperan que cuando se llegue al juicio de fondo, en un proceso que promete ser histórico, se pueda hacer justicia y sentar las bases para que la corrupción administrativa deje de ser, como ha sido hasta ahora, un flagelo que ha permitido desfalcar miles de millones pesos de los fondos públicos, con la agravante que la gran mayoría de esos escándalos ha quedado cubierto por un manto de impunidad.


Mientras la población sigue este proceso con atención y pacientemente espera, algunos agudos observadores han comenzado a señalar que, independientemente de las múltiples irregularidades administrativas detectadas, el caso Medusa podría tener otras implicaciones y conducir a otras consideraciones haciendo una retrospectiva en el tiempo.


En ese sentido y sin ser juristas, plantean algo atendible y nada trivial, por ejemplo, si las acusaciones que se le formulan al principal acusado Jean Alain Rodríguez, todas muy precisas y bien documentadas, en un voluminoso expediente de más de 12 mil páginas, podrían de hecho descalificar, poner entredicho y cuestionar todos los actos realizados por ese funcionario en su calidad de Procurador General de la República.


La justicia dominicana tiene ante sí un gran reto y a la vez una gran oportunidad de recuperar credibilidad y de fortalecer los instrumentos institucionales para que los recursos públicos no estén a merced de quienes buscan el lucro personal desde posiciones en que deben ser celosos vigilantes del patrimonio de todos los dominicanos.