Legisladores tienen posiciones divididas en torno a la credibilidad de la Cámara de Cuentas, que en una nueva auditoría revela irregularidades millonarias en los contratos para el suministro de material asfáltico AC-30 suscritos con el ministerio de Obras Públicas por la Empresa General Supply Corporation S.R.L, vinculada a Alexis Medina, principal imputado en la operación Pulpo.


Mientras, diputados del partido oficialista defienden el trabajo que realiza tanto el Ministerio Público como la Cámara de Cuentas.