Luego de que una firma de abogados contratada por el Poder Ejecutivo encontró una decena de violaciones constitucionales y legales en el contrato que creó el denominado “peaje sombra” de la Autopistas del Nordeste, el Poder Ejecutivo evalúa las opciones para anular “amistosamente” dicho acuerdo o llevarlo a un arbitraje internacional, así como abrir una investigación judicial para determinar responsabilidades.