En el país ha debido funcionar desde hace mucho tiempo la percepción de riesgo de la corrupción administrativa.


La judicialización de casos de funcionarios públicos en los últimos años ha sido suficiente como para la disuasión y el escarmiento.


Y no se trata solamente del castigo desde el punto de vista legal, sino que es necesario tomar en cuenta la condena social.


Lo digo porque aquí operan en paralelo los tribunales ordinarios y los juzgados de la opinión pública.


Este último es aniquilante, actúa sin piedad y fusila la moral en forma sumaria.


Es decir, aunque usted no llegue a la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgadas, las redes sociales se encargan de la etiqueta de ladrón si metió la mano en el Erario.


A pesar de todo, hay quienes no reflexionan sobre el compromiso ético que deberían tener manejando fondos públicos.


Se vuelven locos, pierden la perspectiva, el equilibrio y se asumen dueños de los activos públicos asociados al cargo.


De alguna manera hay que entender los trastornos que pueden causar en la personalidad algunos cargos públicos.


Hay gente nunca en su vida administró una paletera que hoy tiene en sus manos presupuestos de miles de millones de pesos.


Estamos compelidos a seleccionar personas éticas e idóneas para el manejo de la cosa pública.


Pero también hay que tener en cuenta los perfiles psiquiátricos para poner las instituciones del Estado en manos de perros hueveros.