Fuentes de entero crédito de Noticias SIN confirman que el Ministerio Público investiga una posible vinculación del asesinato con una licencia no otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente.


Según las informaciones obtenidas por este medio, la empresa Aurum Gavia, S.A. del imputado, habría solicitado los permisos correspondientes para la exportación de baterías usadas. 


Dicha empresa supuestamente se dedicaba a la importación de baterías nuevas, pero habría firmado un acuerdo con una compañía en Israel, signataria del Convenio de Basilea, para el intercambio comercial de baterías usadas por nuevas. 


En julio del año pasado, el Ministerio de Medio Ambiente le habría enviado una comunicación a la empresa, devolviéndole el expediente supuestamente porque “no contaba con la autorización ambiental” y la “solicitud se encontraba incompleta”.