Santo Domingo.- Tras cinco años de proceso judicial, este jueves concluyeron los debates del juicio de fondo contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el también general Juan Carlos Torres Robiou y otros implicados, acusados de presuntamente desviar más de cuatro mil millones de pesos de instituciones militares y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se reservó el fallo del caso y fijó para el 14 de junio la lectura de la decisión.
Defensas y cierre
Antes del cierre de los debates, Cáceres Silvestre presentó su defensa material, en la que sostuvo la legalidad de su gestión al frente del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). Al igual que él, otros diez imputados hicieron uso de la palabra, manifestando su expectativa de que el tribunal emita sentencias absolutorias.
Entre los momentos más emotivos de la audiencia estuvo la intervención de la pastora Rossy Guzmán, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar la participación de su hijo, también imputado en el proceso.
Las defensas técnicas coincidieron en que las acusaciones del Ministerio Público no serán probadas y vaticinaron descargos para sus representados. Sin embargo, el órgano acusador, representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, afirmó que las pruebas presentadas son suficientes para lograr condenas.
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Penas solicitadas
- El Ministerio Público solicitó penas de 20 años de prisión contra Cáceres Silvestre, Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza, Rafael Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores.
Asimismo, pidió 15 años de prisión para Guzmán, Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco, mientras que para otros implicados solicitó penas de 10 años. En el caso de Raúl Alejandro Girón Jiménez, señalado como delator, el órgano acusador requirió una condena de cinco años.
De acuerdo con la acusación, el grupo habría desfalcado al Estado dominicano a través de instituciones castrenses y del Conani.
El tribunal dará a conocer su decisión en la fecha establecida, cerrando así una de las investigaciones de corrupción administrativa más relevantes de los últimos años en el país.