El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continuó este lunes con la lectura de las motivaciones de la sentencia en el proceso judicial seguido contra Adán Cáceres y otros acusados, detallando los hallazgos que sustentan la decisión adoptada por las magistradas respecto a las imputaciones de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
- Durante la audiencia, que se extendió por varias horas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el tribunal sostuvo que las pruebas presentadas permitieron establecer que Adán Cáceres habría incrementado significativamente su patrimonio mientras ocupaba funciones al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), adquiriendo bienes inmuebles, certificados financieros y asumiendo compromisos económicos que, según las juezas, no guardaban relación con los ingresos que percibía como funcionario.
Las magistradas señalaron que Cáceres devengaba un salario mensual de aproximadamente 245 mil pesos, cifra que, a juicio del tribunal, no justificaba la magnitud de los préstamos, inversiones y movimientos financieros detectados durante la investigación. Asimismo, indicaron que pocos meses después de su ingreso al CUSEP se registraron operaciones financieras que superaban los 215 millones de pesos.
En cuanto a Juan Carlos Torres Robiou, el tribunal indicó que fueron identificados diversos bienes muebles e inmuebles ubicados en Jarabacoa y San José de Ocoa que, de acuerdo con la acusación, habrían sido adquiridos con recursos de origen ilícito.
Aunque la defensa presentó documentos para justificar ingresos adicionales provenientes de asesorías y actividades privadas, las juezas consideraron que dichos elementos debían ser evaluados en el contexto del conjunto de pruebas incorporadas al proceso.
Las magistradas también hicieron referencia a la participación de la pastora Rossy Guzmán dentro de la estructura investigada. Según lo expuesto durante la lectura de las motivaciones, el tribunal entiende que esta tuvo una participación relevante en las operaciones de lavado de activos atribuidas a la organización.
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El proceso involucra a 36 acusados, entre ellos 29 personas físicas y siete jurídicas. Durante el juicio fueron celebradas 121 audiencias, escuchados 319 testigos y peritos, y analizadas más de 4,000 pruebas documentales, además de evidencias periciales y materiales.
La lectura íntegra de la sentencia continuaba al cierre de la audiencia, mientras las juezas avanzaban en la individualización de responsabilidades de cada uno de los imputados, antes de concluir con la exposición completa del fallo.
