El Ministerio Público reveló que una presunta red de fraude operó durante varios años mediante la falsificación de prescripciones médicas, alteración de facturas y cobros irregulares al Seguro Nacional de Salud (Senasa), logrando captar más de 148 millones de pesos en perjuicio del Patronato Cibaeño contra el Cáncer, pacientes oncológicos y el sistema de salud.
Según la solicitud de medida de coerción, los principales implicados son Héctor Antonio Cruceta y su exesposa Dilcia Vargas Sánchez, quienes habrían diseñado un esquema para desviar recursos económicos entre los años 2018 y 2025.
La investigación sostiene que los imputados obtenían beneficios económicos mediante el cobro del 3 % de los montos pagados por Senasa y el 0,5 % de los honorarios de los médicos, generando ingresos millonarios que, según las autoridades, terminaron en cuentas personales y empresas vinculadas a los acusados.
Millonarias transferencias y facturación irregular
De acuerdo con el expediente, Dilcia Vargas Sánchez recibió más de 50 millones de pesos en una cuenta personal, además de 42 millones de pesos a través de una empresa y otros 8 millones mediante otra entidad comercial.
El Ministerio Público asegura que los investigados lograron captar personal de las instituciones afectadas para facilitar las operaciones fraudulentas y obtener beneficios económicos de manera indebida.
Las autoridades sostienen que los acusados convirtieron las entidades involucradas en una estructura orientada al beneficio personal y familiar.
- En ese contexto, también figura Luisa Yasiris Guzmán de Lora, actual esposa de Cruceta.
Según la acusación, Guzmán de Lora creó una organización denominada Tocat RD, que habría recibido más de 1.7 millones de pesos en donaciones provenientes del Patronato del Cibao contra el Cáncer, además de 300 mil pesos por concepto de honorarios.
Alteración de diagnósticos y sabotaje al sistema
La investigación también señala la creación de un supuesto departamento dedicado a modificar indicaciones médicas para generar facturas fraudulentas y aumentar los cobros realizados al Senasa.
De acuerdo con las autoridades, se agregaban diagnósticos y procedimientos que no habían sido indicados por los médicos tratantes, incrementando artificialmente los costos de los tratamientos.
Además, la red supuestamente facturaba medicamentos biológicos originales a los pacientes y a las aseguradoras, pero entregaba versiones genéricas de menor costo, obteniendo ganancias adicionales de manera irregular.
«El expediente también indica que algunas habitaciones destinadas a pacientes oncológicos fueron privatizadas de forma ilícita, afectando el acceso de personas que requerían atención especializada».
Como parte de las maniobras para ocultar las operaciones, los imputados habrían eliminado registros digitales y provocado un sabotaje informático dentro del Patronato, con el propósito de dificultar las investigaciones y borrar evidencias relacionadas con el presunto desvío de fondos.
El Ministerio Público continúa profundizando las pesquisas mientras solicita medidas de coerción contra los implicados, a quienes atribuye delitos de fraude, falsificación, estafa, lavado de activos y otras infracciones vinculadas al manejo irregular de recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer.
El caso que involucra al Ministerio Público y una presunta red dedicada a la falsificación de prescripciones médicas para defraudar al Senasa se enmarca dentro de una serie de investigaciones sobre irregularidades en el sistema de salud dominicano, especialmente en el manejo de fondos públicos destinados a pacientes de alto costo, como los oncológicos.