Santo Domingo. A medida que se acerca la fecha para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Dominicano, prevista para el próximo 3 de agosto, aumentan los cuestionamientos y las acciones legales ante el Tribunal Constitucional, mientras diversos sectores defienden su implementación al considerar que la legislación actual ha quedado obsoleta.
El exvicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que la nueva normativa representa un avance significativo en comparación con el actual Código Penal, de origen napoleónico, que data de 1845. El jurista ofreció estas declaraciones previo a impartir una conferencia sobre el tema a estudiantes de la Universidad Católica de Santo Domingo.
Castaños Guzmán destacó que la nueva legislación incorpora una serie de tipos penales y disposiciones adaptadas a las realidades contemporáneas, lo que, a su juicio, fortalece el sistema de justicia penal del país.
Recursos ante el Tribunal Constitucional
Sin embargo, pese a esos avances señalados por sus defensores, el Tribunal Constitucional continúa recibiendo recursos de inconstitucionalidad contra distintos artículos de la Ley 74-25, promulgada por el presidente Luis Abinader el año pasado y que aún no ha entrado en vigor.
Entre los sectores que han expresado su rechazo figuran representantes del sector salud. Médicos y dirigentes gremiales advierten que algunas disposiciones podrían afectar el ejercicio profesional de la medicina y poner en riesgo la atención de miles de pacientes.
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Estas preocupaciones también han encontrado eco en el Congreso Nacional. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados manifestó inquietudes sobre el impacto que determinadas disposiciones podrían tener en el desempeño de los profesionales de la salud.
Por su parte, el exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, se sumó al debate sobre los alcances y desafíos que plantea la nueva normativa penal.
Salud, aborto y prensa en debate
Asimismo, los temas relacionados con la interrupción del embarazo continúan generando controversia. Grupos que defienden la inclusión de las tres causales sometieron un recurso ante el Tribunal Constitucional con el propósito de permitir el aborto en circunstancias específicas. En contraste, organizaciones de orientación cristiana también recurrieron al alto tribunal para solicitar que se mantenga la penalización vigente.
A estos reclamos podrían sumarse representantes de los medios de comunicación, quienes han manifestado preocupaciones sobre artículos que, según alegan, podrían limitar el ejercicio de la libertad de prensa y la labor periodística.
Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, cada vez más cerca, el debate continúa intensificándose entre quienes consideran la reforma una necesidad impostergable y quienes reclaman modificaciones antes de su aplicación definitiva.