Santo Domingo. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió este martes que el proyecto de reforma al Código Penal contiene artículos con posibles vicios de inconstitucionalidad que podrían comprometer la validez de la normativa, por lo que remitió a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado una propuesta para revisar 20 disposiciones del texto.
La entidad también evaluó las modificaciones a 19 artículos presentadas por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y consideró que varias de ellas representan retrocesos desde el punto de vista constitucional y de la protección de derechos fundamentales.
Objeciones constitucionales a artículos clave
Uno de los principales cuestionamientos de Finjus recae sobre el artículo 141, relativo a la prescripción de los delitos sexuales. La organización calificó como regresiva la propuesta de eliminar el párrafo que establecía un plazo de prescripción de 30 años a partir de que la víctima alcanzara la mayoría de edad.
Según la entidad, esa modificación contraviene los artículos 56 y 58 de la Constitución e ignora los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de protección de víctimas de violencia sexual.
En cuanto a los artículos 122, 123 y 141, referentes al hostigamiento, acoso y ciberacoso, Finjus señaló que la propuesta limita estos delitos únicamente a los ámbitos educativo, deportivo, recreativo, formativo y de cuidado extracurricular, dejando fuera otras conductas que también deberían ser sancionadas. Por ello, recomendó ampliar el alcance de estas figuras penales.
Respecto al artículo 310, sobre el delito de ultraje jurisdiccional, la institución objetó que la modificación restrinja la protección únicamente a jueces, fiscales, secretarios y alguaciles, excluyendo a los abogados. A juicio de Finjus, esa exclusión deja desprotegidos a los profesionales del derecho frente a amenazas o intimidaciones destinadas a obstaculizar el ejercicio de su labor.
Recomendaciones para revisar la reforma
Además de evaluar las propuestas sometidas por el presidente del Senado, la organización presentó varias recomendaciones para fortalecer el proyecto de ley.
Entre ellas, propuso ampliar el período de vacatio legis y crear una comisión bicameral especial que permita realizar una revisión exhaustiva del texto antes de su entrada en vigor.
Sobre las eximentes del aborto contempladas en el artículo 111, Finjus planteó sustituir la exigencia de agotar «todos los medios científicos» por el criterio de «juicio clínico razonable» del profesional de la salud, con el fin de evitar la penalización de la interrupción del embarazo cuando exista una indicación médica.
En el artículo 124, relacionado con la disciplina parental, recomendó establecer de forma expresa que esta excluye cualquier tipo de castigo corporal, trato humillante, degradante o violencia física y psicológica contra niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, en los artículos 208, 210, 211 y 212, relativos a la difamación e injuria, la entidad propuso garantizar que las disposiciones no generen restricciones que limiten el debate democrático y dejar establecido que las expresiones, opiniones o informaciones sobre funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones no constituyan difamación o injuria, sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan.
Finjus reiteró la necesidad de que la reforma al Código Penal sea objeto de una revisión técnica y constitucional antes de su aprobación definitiva, a fin de evitar futuras impugnaciones y garantizar una legislación acorde con los principios constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos.