La Comisión Bicameral encargada del estudio del proyecto de reforma al Código Penal concluyó la evaluación de 93 propuestas de modificación, de las cuales incorporó 24 correcciones al texto que será conocido por la Cámara de Diputados.

El presidente de la comisión, el diputado Juan Di Batista, explicó que la existencia de numerosas propuestas repetidas sobre los mismos artículos permitió agilizar los trabajos y reducir la cantidad de cambios finalmente acogidos. Del total, se realizaron 18 modificaciones de fondo y seis correcciones adicionales.

Entre los artículos que concentraron la mayor cantidad de observaciones figuran el 8 y el 10, relacionados con la responsabilidad penal de las personas jurídicas; los artículos 110 y 111, referentes a la despenalización del aborto en las tres causales; el artículo 112, sobre los actos culposos contra la vida; el 208, sobre la difamación extorsiva, y el 310, que tipifica el delito de ultraje.

En cuanto a los delitos de difamación e injuria, la comisión propuso reducir las penas de prisión al considerar que no se trata de delitos violentos. La sanción propuesta pasaría de un rango de dos a cinco años a uno de uno a dos años.

Mientras tanto, por segunda ocasión fue suspendida la sesión de la Cámara de Diputados convocada para conocer el informe de la Comisión Bicameral.

El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que los legisladores sesionarán este sábado a las 10:00 de la mañana para debatir el proyecto en una única discusión, con el propósito de revisarlo posteriormente antes de su aprobación definitiva.

El proceso ha generado cuestionamientos entre varios congresistas. El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Sedeño, criticó que una subcomisión de apenas tres legisladores asumiera el análisis de decenas de propuestas de modificación en pocas horas, al considerar que el procedimiento no permite una evaluación exhaustiva.

A las críticas se sumó el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que respaldó la solicitud de aplazar la entrada en vigencia del Código Penal, prevista para el 3 de agosto, al considerar que toda legislación debe ser susceptible de revisión y mejoras antes de su aplicación.