Santo Domingo – La decisión del Gobierno dominicano de ordenar la salida del país de nueve diplomáticos cubanos y sus familiares genera posiciones encontradas entre sectores políticos, sociales y jurídicos, mientras las autoridades mantienen bajo reserva las razones que motivaron la medida.

Plazo de siete días y efecto diplomático

La disposición, que establece un plazo de siete días para abandonar el territorio dominicano, también genera preocupación por su posible impacto en las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Cuba.

En la Embajada de Cuba en Santo Domingo, el personal evitó ofrecer declaraciones sobre la decisión. Ante la consulta, una empleada indicó que no había ningún funcionario disponible para atender a la prensa y remitió a la publicación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

El dirigente de Izquierda Unida, Miguel Mejía, cuestionó que el Gobierno no haya explicado públicamente las razones de la expulsión y consideró que la población tiene derecho a conocer los motivos de una medida de esta naturaleza.

Yo tengo la convicción de que no es una decisión soberana de la República Dominicana, sino que es una indicación de la administración de Trump”, afirmó Mejía.

El dirigente político sostuvo, además, que existe una situación de tensión en las relaciones entre República Dominicana y Cuba y llamó a las autoridades a explicar el alcance de la decisión.

Piden explicar los motivos

Desde la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), su vicepresidente, Servio Tulio Castaños, reconoció la potestad del Estado dominicano para adoptar este tipo de medidas, pero consideró necesario conocer sus fundamentos, debido a las posibles repercusiones diplomáticas.

Ahí tiene que haber algo muy delicado, muy delicado, que llevó al Estado dominicano a tomar esa decisión. Ese tipo de decisiones generalmente tienen un impacto en las relaciones de los Estados”, manifestó.

Reacciones divididas por la expulsión

En el Congreso Nacional, sin embargo, algunos legisladores respaldaron la disposición del Gobierno.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Ignacio Aracena, sostuvo que este tipo de actuaciones se adopta dentro de las facultades que corresponden a los Estados y en el marco de los acuerdos internacionales.

Todas estas acciones se toman en virtud de lo que son los acuerdos internacionales, como la República Dominicana es miembro de la comunidad internacional”, expresó.

Mientras que el diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, defendió el derecho del país a ordenar la salida de extranjeros cuando considere que estos incumplen disposiciones relacionadas con el orden constitucional, legal o la seguridad nacional.

República Dominicana está en su derecho de expulsar a cualquier ciudadano que no se atenga al orden constitucional, legal y de seguridad de la nación”, afirmó.

Llaman a mantener el diálogo

El constitucionalista Andrés Fortunato llamó a preservar el diálogo entre República Dominicana y Cuba y vinculó el escenario con las tensiones geopolíticas que involucran a Estados Unidos y otros países de la región.

En todo el mundo hay espionaje en todas partes y todo el mundo sabe que Estados Unidos está detrás de asumir la dirección del continente americano”, sostuvo.

Hasta el momento, el Gobierno dominicano no ha identificado públicamente a los nueve funcionarios ni ha detallado las causas específicas que motivaron la orden de salida.

La medida deberá ser acatada en un plazo de siete días, mientras sectores consultados mantienen posiciones divididas sobre sus implicaciones para la seguridad nacional y las relaciones diplomáticas entre República Dominicana y Cuba.

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