Políticos y ciudadanos respaldan suspensión de veto a encuestas
La JCE suspendió la resolución que limitaba la publicación de encuestas, generando apoyo por su importancia para el proceso electoral y la libertad de expresión.
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La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de suspender la resolución 14-2026, que establecía restricciones a la publicación de encuestas, ha generado reacciones favorables entre políticos y ciudadanos, quienes consideran importante mantener el acceso a este tipo de información de cara al proceso electoral.
Desde el pasado viernes, los medios de comunicación pueden continuar difundiendo encuestas, luego de que el Pleno de la JCE dejara sin efecto, de manera provisional, la aplicación de la referida resolución, adoptada el pasado 22 de mayo.
La medida había provocado controversia debido a los cuestionamientos relacionados con la libertad de expresión y la libertad de empresa. Entre los aspectos que generaron debate estaba la posibilidad de que las restricciones alcanzaran estudios internos realizados por organizaciones políticas.
La Ley 20-23, sobre el Régimen Electoral, establece un período específico en el que no pueden publicarse encuestas antes de las elecciones, fijando como límite los ocho días previos a la jornada electoral. Sin embargo, la legislación no establece una prohibición general para la difusión de estos estudios durante períodos anteriores.
Para algunos ciudadanos consultados, las encuestas constituyen una herramienta científica que permite conocer las tendencias y percepciones de la población en un determinado momento, por lo que consideran positivo que puedan continuar siendo divulgadas.
Otros, sin embargo, entienden que estos estudios deben ser sometidos a controles que garanticen su transparencia y rigurosidad, debido a que también pueden convertirse en herramientas de posicionamiento político y publicidad a favor de determinados candidatos.
La discusión se extiende, además, al impacto que tienen las encuestas en los medios de comunicación y las plataformas digitales, donde sus resultados pueden alcanzar rápidamente a miles de personas y contribuir a generar percepciones sobre el posicionamiento de partidos y candidatos.
Algunos ciudadanos cuestionan, precisamente, el uso estratégico de estos estudios, al considerar que determinadas encuestas podrían ser utilizadas para proyectar artificialmente a figuras políticas o influir en la opinión pública.
Otros sostienen que la publicación de diferentes mediciones permite a los ciudadanos comparar resultados y formarse su propio criterio, siempre que exista transparencia sobre la metodología utilizada y quién financia cada estudio.
La suspensión de la resolución 14-2026 tampoco contó con el respaldo unánime de los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral. Los magistrados Dolores Fernández y Rafael Vallejo Santelices emitieron votos disidentes, al considerar que el órgano electoral sí tiene facultad para adoptar medidas de esta naturaleza.
Mientras continúa el debate jurídico sobre el alcance de las atribuciones de la JCE, será finalmente el tribunal competente el que tendrá la última palabra respecto a la legalidad de las disposiciones cuestionadas.
La controversia vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre la libertad de expresión, el derecho de los ciudadanos a estar informados y la necesidad de garantizar que las encuestas electorales sean utilizadas y difundidas con transparencia y rigor.
