Santo Domingo.- El anteproyecto del PRM que busca garantizar la integridad y evitar recursos o personas vinculadas a actividades ilícitas en la política, establece nuevos requisitos para aspirantes a candidatos, como pruebas antidopaje, certificados de antecedentes y declaración de patrimonio.
Oficialistas y oposición tienen posiciones encontradas sobre la iniciativa, aunque coinciden en que la Ley 33-18 de Partidos ya contempla estos requisitos.
La propuesta del Gobierno que busca cerrar las puertas al crimen organizado surge en medio de varios casos de legisladores, alcaldes y dirigentes políticos vinculados al narcotráfico y lavado de activos.
Además de la prueba antidopaje, el proyecto dispone que los aspirantes deberán presentar certificaciones de antecedentes penales tanto en República Dominicana como en los países donde hayan residido durante los últimos 15 años.
La iniciativa contempla, además, la implementación obligatoria de programas internos de cumplimiento normativo dentro de los partidos, dirigidos a prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las estructuras partidarias y en los procesos de selección de candidaturas.
En el PRM hay quienes consideran que más que leyes hace falta voluntad política para su aplicación.
El proyecto propone que los partidos creen unidades u oficiales de cumplimiento independientes, encargados de supervisar controles, verificar la integridad de los candidatos y asegurar la legalidad de los recursos usados en actividades políticas.
Dentro de la Fuerza del Pueblo, sostienen que la pieza no es más que un argumento falso, puesto que ya la ley contiene las prohibiciones para evitar estos ilícitos.
El anteproyecto fortalece el control del financiamiento privado en los partidos, exigiendo identificar a los aportantes y garantizar la trazabilidad de los recursos, prohibiendo donaciones de origen ilícito o desconocido, sancionando la intermediación para ocultar financistas y reforzando la supervisión financiera a través de la Junta Central Electoral, con posibles restricciones de fondos públicos para quienes incumplan. (Full)
La próxima semana, la iniciativa será enviada a una comisión del Senado para su estudio, donde se recibirán opiniones de todos los sectores antes de someterla a votación.