Santo Domingo. – Un proyecto de ley que busca saldar deudas acumuladas por el Estado durante más de 30 años ha reavivado el debate en la Cámara de Diputados, debido a cuestionamientos sobre la legalidad de algunos expedientes y la falta de verificación de los montos reclamados.
- La iniciativa contempla el pago de miles de millones de pesos a contratistas y suplidores, con expedientes aún pendientes de validación.
Entre las instituciones con mayor número de reclamaciones figuran el Ministerio de Educación, con al menos 325 casos relacionados con obras escolares, así como el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, que agrupan 86 contratistas vinculados a proyectos de carreteras, viviendas y obras comunitarias.
Desde sectores de la oposición, legisladores han expresado preocupación por la inclusión de obras ejecutadas sin contratos formales. En ese sentido, criticaron el artículo 3 del proyecto, que propone la creación de una comisión para revisar las reclamaciones, al considerar que podría no garantizar suficiente transparencia ni sustento legal.
¿Cómo una misma empresa puede construir múltiples escuelas en diferentes etapas sin contrato? Y, si un proyecto tiene contrato, ¿por qué necesita una ley para asegurar su pago?”, cuestionó un diputado, al insistir en que la pieza debe ser enviada a comisión para un análisis más profundo.
Los congresistas reiteraron que el uso de recursos públicos exige un proceso riguroso, al tratarse de fondos provenientes de los impuestos de la ciudadanía.
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Posturas divididas
Dentro del oficialismo también existen posiciones encontradas. Algunos legisladores defienden la iniciativa, calificándola como un acto de justicia para contratistas que llevan años esperando pagos.
«Es un proyecto humanitario. Hay casos de empresarios e ingenieros afectados gravemente por estas deudas en gestiones pasadas”, argumentó uno de los diputados a favor.
Otros, sin embargo, consideran que lo correcto habría sido priorizar el conocimiento de las observaciones del Poder Ejecutivo antes de impulsar una nueva legislación con objetivos similares.
Empresas incluidas y decisión pendiente
Entre las principales empresas mencionadas en el proyecto figuran Ingeniería Estrella, SRL; Emets; Carimets; Transvial y Constructora JMSRL, entre otras.
La pieza legislativa ya se encuentra en manos del presidente Luis Abinader, quien deberá decidir si la promulga o la observa, en medio de un contexto marcado por la presión de distintos sectores y el debate sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
