Santo Domingo.- La imposición de medidas de coerción en contra del fiscal acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares de un investigado del caso Senasa marca un precedente en el país, según señalaron representantes de la sociedad civil, que vaticinan un desenlace ejemplar de ese caso.
Los tres meses de prisión preventiva que le fueron impuestos al suspendido fiscal Aurelio Valdez Alcántara resultan válidos y justos para Participación Ciudadana.
Esto, al considerar que, ante los hechos que se le imputan, puede poner en riesgo la investigación.
Al coincidir que este caso marca un precedente, desde el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica aseguran que la medida impuesta contra el suspendido magistrado debe servir de ejemplo para todos los fiscales.
Los tres de prisión preventiva fueron dictados en la madrugada del miércoles por la jueza de instrucción especial, Isis Muñiza Valdez Alcántara, luego de más de diez horas de audiencia, tras cuatro intentos.
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Durante la audiencia, se presentaron 18 incidentes; parte de ellos los hicieron los abogados de la defensa, en los que pidieron, entre otras cosas, el retiro de la sala de audiencia del director de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, bajo el alegato de no tiene jurisdicción en el caso, lo que fue rechazado por la jueza Muñiz.
La medida de coerción deberá ser cumplida en la cárcel de Najayo.
La jueza de instrucción especial fijó la revisión obligatoria de la medida de coerción en contra de Valdez Alcántara para el 29 de junio.