Santo Domingo. – La creación de la Comisión de Seguimiento al nuevo Código Penal comenzó a generar reacciones favorables entre organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho, quienes consideran que el organismo puede contribuir a la implementación de la nueva legislación y a la revisión de los artículos que han sido cuestionados.
Respaldo de juristas y sociedad civil
Desde Participación Ciudadana, el coordinador general del movimiento, Francisco Álvarez, sostuvo que la comisión debería prestar especial atención a las disposiciones impugnadas ante el Tribunal Constitucional, ya que un análisis técnico podría servir de base para futuras modificaciones si el alto tribunal determina que existen disposiciones incompatibles con la Constitución.
No obstante, aclaró que será el Tribunal Constitucional el que tendrá la última palabra sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra algunos artículos del nuevo Código Penal.
En tanto, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) respaldó la conformación de la comisión y señaló que su principal función será orientar a la ciudadanía sobre el contenido de la nueva legislación, debido al amplio desconocimiento que existe sobre los cambios introducidos.
La entidad indicó que, aunque el Código Penal puede ser perfeccionado con el tiempo, cualquier revisión deberá realizarse a través de los mecanismos legales establecidos y sin interferir con los procesos que actualmente conoce el Tribunal Constitucional.
En la misma línea se pronunciaron representantes de la Fundación Equidad y Justicia Social, quienes calificaron como acertada la decisión del presidente Luis Abinader de crear el organismo para evaluar las observaciones que puedan surgir durante la aplicación de la normativa y canalizar las recomendaciones al Congreso Nacional, único órgano con facultad para modificar la ley.
Decreto 507-26 y entrada en vigencia
La Comisión de Seguimiento fue creada mediante el Decreto 507-26, con el propósito de acompañar la implementación del nuevo Código Penal, promover su difusión entre la población y recopilar propuestas de mejora antes de su entrada en vigencia, prevista para el próximo 3 de agosto.
Mientras tanto, el Tribunal Constitucional continúa apoderado de varios recursos que buscan la revisión de artículos específicos del Código, cuyo desenlace definirá si algunas de sus disposiciones deberán ser modificadas por considerarse contrarias a la Constitución.