Las presuntas irregularidades develadas mediante la Operación Medusa, por la que el exprocurador Jean Alain Rodríguez se encuentra detenido, obstaculizaron la modernización de la capacidad de las autoridades para realizar análisis forenses, ya que según la PEPCA fueron desviados más de 47 millones de pesos de los recursos destinado a comprar equipos.


Según la acusación del MP, en fecha 24 de mayo del 2016, el entonces procurador Francisco Domínguez Brito solicitó al presidente de turno Danilo Medina, estableciendo que dentro del Proyecto de Desarrollo y Fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 9-1-1, era necesario contar con un laboratorio de análisis de ADN y para lograr tales fines se necesitaba un millón de dólares, con el objetivo de que el INACIF pudiera realizar dichos análisis.