Tras tres días de audiencias, el ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán y tres más de los implicados mediante la Operación Coral, fueron enviados este lunes a cumplir 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción, por su vinculación con el presunto entramado de corrupción que desvió más de tres mil millones de pesos de instituciones castrenses.


Al coger en todas sus partes el pedimento del Ministerio Público, la jueza de instrucción Kenya Romero declaró el caso complejo y ordenó que incluso los altos mandos oficiales implicados en el entramado, sean enviados a cumplir la prisión preventiva a una cárcel ordinaria como es el centro correccional de Najayo.


Del grupo, sólo  Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien  se convirtió en un testigo clave de la acusación tras declarar en contra de los demás imputados, fue enviado a cumplir arresto domiciliario en una dirección confidencial a los fines de  salvaguardar su integridad.