Por considerar que no hay vínculos con el caso, la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal rechazó la fusión del expediente acusatorio del último de los apresados de la Operación Larva, con el de los otros 14 imputados, para los que el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva como medida coerción y que el caso sea declarado complejo por su presunta vinculación en una red de lavado de activos producto del narcotráfico.



Tras la decisión, De  inmediato la jueza Katherine Rubio, procedió a iniciar el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los otros 14 acusados de participar en la presunta red.


La defensa de Domingo Ventura el último de los señalados y a quien el Ministerio Público conocerá el caso por separado, valoraron la medida tras reiterar que su cliente no tiene vinculos con la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos.