Con la advertencia de que todos los empleados públicos deberán presentar a partir del 31 de enero el comprobante de que cuentan con tres vacunas anticovid o una prueba semanal PCR, se reactivó desde este lunes el flujo de personas en busca de la tercera inyección en los centros de inoculación, pese a la oposición de muchos de esos trabajadores del Gobierno.