La red de narcotráfico y lavado de activos desarticulados mediante la Operación Falcón financió campañas electorales legislativas y municipales y operó bajo el amparo de sujetos obligados para transferir millones de dólares de procedencia ilícita al sistema financiero legal, según el Ministerio Público.


Según la fiscalía, la red usaba a la ciudad de Santiago como centro de operación, ya que su ubicación geográfica le permitía orientar sus transacciones hacia Estados Unidos, Puerto Rico y Europa.