El Colegio de Abogados de la República Dominicana ha activado a su Junta Directiva para rechazar la decisión de la Cámara de Cuentas de aplicar una auditoría a la entidad.


Me llama mucho la atención la actitud defensiva de la dirigencia de este gremio, indicando que la Cámara de Cuentas carece de facultad legal para auditarle.


El argumento de que el Colegio de Abogados no maneja fondos públicos es algo débil para descartar la señalada auditoría.


Existe una imposición fiscal, que es un recaudo público y que llega a las arcas del gremio de los abogados.


Visto de esa manera, no hay dudas de que la Cámara de Cuentas cuenta con la facultad legal para someter a auditoría las cuentas y los procedimientos del Colegio.


Dicen los directivos de la organización profesional que ellos cuentan con su propia firma auditoria y que sus prácticas transparentes no dejan dudas.


De ser así, me parece bizantino el debate sobre si la Cámara de Cuentas está facultada para auditar el Colegio de Abogados.


El presidente de este gremio de letrados es muy activo en su demanda de transparencia y cumplimiento a instacias del Poder Judicial.


Pienso que puede legitimar ese ejercicio abriendo sus archivos a la Cámara de Cuentas.


De hecho, podría lograr el estatus de estar doblemente chequeado por una firma privada y por la Cámara de Cuentas.


Si todo está en orden, entonces el Colegio de Abogados será un ejemplo de transparencia.