El Poder Judicial ha presentado al Congreso un proyecto de ley de medios digitales.


El propósito es crear una base legal a las operaciones digitalizadas en la administración de justicia a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional.


El hecho ha desatado algunas manifestaciones de oposición que a mi me impresionan.


Estas actitudes no solo me dejan atónito, sino que me provocan una profunda pena al comprobar unos niveles de atraso que espantan.


En el mundo la economía digital avanza a pasos indetenibles, que han sido acelerados por la pandemia COVID-19.


António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, ha dicho “La revolución digital ha transformado nuestras vidas y sociedades con una velocidad y a una escala sin precedentes”.


Para confirmar este dato basta con saber que el volumen de la economía digital puede llegar hasta el 15 % del PIB mundial.


La digitalización nos libra de múltiples procesos ineficientes, nos ayuda a ser más productivos y abarata costos.

Siempre hemos dicho que el acceso a la justicia es costoso; la digitalización puede ser una respuesta eficaz a este problema.


Creo que los grupos que adversan la digitalización en la justicia lo hacen por varias razones:


• Miedo natural al cambio

• Incapacidad para leer los signos de los nuevos tiempos

• Y una formación académica deplorable.


Con el perdón de mis honorables amigos abogados, hay pocas carreras que anide una fauna tan variada como el derecho, en el que se refugian tantas taras. Todo el que no encuentra que hacer quiere ser jurista. Ahí puedo entender esta oposición irracional a la digitalización en la justicia.