El apresamiento de los hermanos Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, no representa para muchos dominicanos una garantía de justicia. Así lo expresaron varios comunitarios del Distrito Nacional, quienes consideran que con la calificación de “homicidio involuntario” dada por el Ministerio Público, los cientos de fallecidos podrían quedar impunes.
Ciudadanos consideran una respuesta débil ante una tragedia nacional. Aseguran que lo ocurrido no fue un accidente, sino el resultado de una cadena de negligencias que los dueños del Jet Set conocían y decidieron ignorarlo.
Carlos Ventura, un pensionado que vive en Villa Consuelo, expresó su indignación por la petición del Ministerio Público, ya que dice que el empresario sabía del peligro y asegura que ningún monto económico podrá reparar el dolor de cientos de familias afectadas, muchas de las cuales quedaron con hijos huérfanos y sin ningún tipo de respaldo.
También asegura que Antonio España haya intentado manipular o intimidar a empleados de la empresa para obstaculizar la investigación, para los comunitarios ese tipo de acciones agrava aún más su responsabilidad y muestra que busca evadir la verdad.
Manolin Suárez señaló que la justicia dominicana se enfrenta a una prueba decisiva, al detallar que el dinero mueve todo pero la justicia es de Dios y que él no se compra.
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