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Violencia, criminalidad y delincuencia, un reto de seguridad y de soberanía nacional, para el Estado

Violencia, criminalidad y delincuencia, un reto de seguridad y de soberanía nacional, para el Estado
Fernando Sibilio

¡Señores! La presión social, política y económica, que ejercen los delincuentes sobre el sistema penal se ha transformado en una rutina, y hace que muchas obligaciones policiales y de las fuerzas de seguridad adquieran categoría de negligencia, una costumbre que opera en forma autónoma hasta camuflarse en naturaleza policial, militar y judicial; como si fuera una segunda naturaleza o gemelo adversario.

Sucede, ahora, que las acciones criminales se unen y se multiplican o mutan en redes infinitas, inagotables y complejas, donde las referencias de eta realidad las encontramos en la situación de Santiago y de San Francisco de Macorís con los jefes policiales antinarcóticos o, en los aeropuertos, con la implicación de los oficiales, clases y alistados del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y los miembros de la Dirección Nacional de Drogas, en alijos descubiertos por el seguimiento de la DEA, dado que las obligaciones institucionales y penales del Estado, se han degradado a un denso y oscuro tejido de relaciones primarias y secundarias, de los cuerpos policiales y militares, con los delincuentes y criminales.

Seguirán siendo débiles las obligaciones oficiales y penales contra la criminalidad y la delincuencia internacional, si insistimos en el aislamiento y dispersión de las responsabilidades y compromisos democráticos.  Recordemos que los aportes de todas las partes, las de seguridad y policial, como las penales, fiscales y judiciales, son parte de la estrategia general, pero, que, con lo cual se le confiere a cada una de estas partes la autoridad global del conjunto, ya que el cuerpo refuerza el órgano.  Así debería ser, para evitar el odioso espectáculo que, cada semana le regala la Respuesta, del Doctor Castillo, a los criminales y delincuentes.

Enviar a la justicia a decenas de oficiales superiores y a cientos de oficiales subalternos, como a cientos de clases y alistados, cada año, por su implicación y contumacia en acciones criminales, debería mover el Estado Nacional y a la sociedad a una reflexión sobre nuestro modelo democrático. Cancelar visados a raudales de políticos, militares, policías y comerciantes, ha servido de poco, dada la proliferación, alcance y calado social de las operaciones de las bandas, pandillas y gabinetes criminales, que operan el narcotráfico y sus delitos conexos en el país.

El caso Paya, y mas pa’llá, como la falsificación de los sellos de Rentas Internas, frente a la Oficina de la Procuraduría General de la República, en la Máximo Gómez, o la cantidad de abogados, médicos, laboratorios y clínicas, que operan sin licencia en el país, del mismo modo, que la economía subterránea de los psicotrópicos y energizantes, sin control sanitario ni penal, son las trazas que todos deberíamos seguir sin ninguna distracción o perturbación ideológica.

Conturban las declaraciones de las autoridades penales y federales de los Estados Unidos, en la petición de extradición de Toño Leña, quienes confirman que, sus fuerzas de seguridad derribaron una nave aérea, en suelo y espacio aéreo dominicano, la cual traficaba, supuestamente, una carga de drogas consignada al Señor Leña.  Una agresión inaceptable contra nuestra soberanía, la cual ha sido miserablemente ocultada por las autoridades dominicanas.

Obedecer a la suerte mejicana sería una suerte de estupidez, en el ejercicio tanto moral como cívico, en nuestra autoridad de sociedad democrática, y sería mejor que usemos la ley para recuperar la libertad y la obediencia a la razón Constitucional de nuestra nación, en lugar de convertir, en amos sociales, políticos y económicos, a los delincuentes y criminales, tal cual lo hiciesen los mejicanos, y preferir el magnífico y vigoroso ejemplo de Costa Rica, una nación sin ejercito que, viviendo la incómoda vecindad de Nicaragua y de Panamá, con la influencia geográfica y demográfica de Guatemala, Honduras y el Salvador, es el país Centroamericano y del Caribe, con las mejores cifras de seguridad, en la interdicción, sanción y control, del narcotráfico en la región.

Precisamos hoy, más que nunca, de una pedagogía política y de capacidad legitima en la dignidad de las órdenes, que dan las autoridades dominicanas, porque parecen voceras las autoridades externas, carentes de inteligencia con mínimo poder de autodeterminación, y decididas a renunciar irreflexivamente a la soberanía estatal de ser legisladoras de sí mismas, cada vez, que llega un pedido de extradición.

Comprenderán los lectores que estas conductas estatales son profundamente inmorales, aunque éticas, porque el desafío de seguridad del Estado y de Soberanía Nacional queda irresoluto, sin embargo, ha dado paso, en la realidad, a la formación de escuadrones de mercenarios y sicarios, tanto nacionales como extranjeros, formados por militares, policías y civiles, y también integrados por políticos, comerciantes, banqueros y empresarios.

Necesitamos, a todas luces, discriminantes y criterios democráticos y la fuerza Constitucional del Estado de Derecho, a la hora de tomar las dramáticas decisiones, que nos deparará el futuro cercano, y dadas las urgencias que impondrán las coyunturas nacionales y hemisféricas, de caras a los expedientes de Figueroa, Toño Leña y de Arturo del Tiempo, por sus implicaciones políticas, militares, comerciales y policiales, con personalidades ligadas al poder político, militar y social, de nuestro país. Las negociaciones, que realizaba el profe, del Cartel de los Zetas, en territorio dominicano, un sicario del Cartel del Golfo, demuestran nuestra pérdida de reputación y del respeto democrático internacional.

Tendremos, más temprano que tarde, que exigirnos y pedir la cooperación y la colaboración, en muchas faenas, pero, comprender que esas tareas y actividades solo se cumplirán, si desdeñamos la espontaneidad y las intermitencias coyunturales de nuestros planes de seguridad, y si perseguimos y logramos diseñar un orden de ejecución el cual permita ver la necesidad de tener un Jefe Máximo, que tome las decisiones, para que al final se puedan aplicar las normas, las leyes y los protocolos de seguridad, sin la interferencia o la colisión, de la Policía Antinarcóticos, la Dirección Nacional de Drogas, la Dirección Nacional de Inteligencia y las Agencias de Inteligencia de las tres ramas militares y el J-2, de la Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas. Más la agravante del Consejo Nacional de Drogas, el Asesor de Drogas del Poder Ejecutivo, la Dirección General de Aduanas y la Dirección de Impuestos Internos, por otra parte.

Hablan todos a la vez, todos convocan ruedas de prensa como protagonistas de la novela, argumentan y opinan sin que nadie ni siquiera levante la mano para pedir la palabra, una verdadera vergüenza nacional, porque la obediencia y el respeto a las normas de convivencia es inconstante entre todos.

Una trivialización y una displicencia de la autoridad, en un asunto tan serio, el cual demanda y merece otros tratamientos del poder político.  Excita esta conducta antisocial de la autoridad, porque por inocencia o convivencia se imposibilita deliberadamente imponer las reglas, los planes y los programas de interdicción, persecución y sanción a los delitos conexos y de segunda generación del narcotráfico.

Permitieron estas grietas que se colara el préstamo concedido al Señor Arturo del Tiempo Marqués, para la Torre Atiemar, en el Banco de Reservas, y más grave aún, que funcionarios rentados por ese Banco, participaran en las operaciones de lavado de activos, al ser los promotores y oficiales de ventas de los apartamentos de la Torre, pero, ,además, que el Señor del Tiempo Marqués obtuviera facilidades en los puertos y se le dotase de identificación como miembro de la Policía Nacional y facilidades de ingreso, tránsito y tráfico en sus actividades delictivas en los diferentes círculos sociales del país.

Aumentan nuestros conflictos con los delincuentes y criminales, y tienen, por obligación y urgencia, que aumentar las reglas porque nuestra situación republicana empeora, al mostrarse dos universos con distintos sentimientos y diferentes experiencias contra la violencia, los cuales son incapaces de comunicarse entre sí: Quienes prefieren la vida salvaje de embriagarse con la sangre y el dinero que da el poder de la criminalidad y la delincuencia, y los más fuertes, aquellos que prefieren sonar la trompeta de la dignidad de las reglas y las leyes del Estado de Derecho, para encausar a sus compañeros que han entrado en hordas al baile de máscaras del narcotráfico.

Fernando Sibilio.

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