Tucson (EE.UU.).- Fuertemente armados, algunos con capuchas y de sorpresa llegaron la semana pasada más de 16 agentes migratorios a un supermercado hispano en el sur de Tucson (Arizona), y desde entonces se han espantado los trabajadores, clientes y hasta proveedores, contó a EFE Marco Antonio López, el dueño de Beef Master Meat Market.
En un recorrido por el área, otros dueños hispanos de pequeños negocios aseguran a EFE que han perdido hasta el 50 % de sus ingresos tras ser el blanco de operativos de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El mexicano relató que rodearon su carnicería, mientras patrullas y vehículos encubiertos se estacionaban en puntos estratégicos.
Los agentes, varios portando armas de alto calibre, le dijeron que no se trataba de una redada sino un operativo para verificar que sus trabajadores tuvieran «papeles» para trabajar legalmente en Estados Unidos.
Después de varias horas, los agentes no detuvieron a ningún empleado, pero se llevaron récords de trabajadores, el negocio y los proveedores.
Estas escenas se han repetido a lo largo del país en los primeros dos meses del Gobierno de Donald Trump en campos agrícolas, fábricas, peluquerías y todo tipo de negocios en áreas latinas o donde se presumen los emplean, y todas con las mismas consecuencias para la comunidad y la economía, denunciaron activistas.
A pesar de que no hubo arrestos en la carnicería del mexicano, el impacto aún se siente. «Al siguiente día, ninguno de mis ocho trabajadores se presentó a trabajar, desde entonces nadie quiere trabajar aquí, solo mi esposa, yo y mis hijos estamos atendiendo el negocio como podemos», dijo López.
El mexicano, quien abrió este popular negocio entre la comunidad hispana hace 15 años, aseguró que esta es la primera vez que ICE lo visita y que le ha reducido a la mitad los ingresos.
Sin trabajadores para hacer domicilios también se ha visto forzado a cerrar la venta de comida preparada. «Esta era un importante parte de mi negocio, pero sin embargo no podemos hacer todo nosotros solos».
El empresario aseguró que sus empleados ya no regresaron porque muchos de ellos tienen miedo debido a que la gran mayoría tienen familias de estatus migratorio mixto y temen que el ICE los pueda buscar en sus hogares y perjudicar a todos.
«No se si me discriminaron o por qué escogieron venir a mi negocio, pero por lo pronto no he escuchado que ICE haya visitado a ningún negocio americano, de los ‘gringos’ en el norte de la ciudad», dijo el inmigrante de Hermosillo (Sonora).
López aseguró que desde antes ya había tenido muchos problemas para contratar personal porque los estadounidenses «no quieren trabajar».
«Quieren ganar más arriba del salario mínimo, quieren poner sus propios horarios y luego quieren que se les garantice 40 horas a la semana y a veces no se puede», explicó.
Aseguró que incluso ha ofrecido empleo a personas sin hogar y aquellos que se paran en las calles a pedir dinero, pero lo rechazan.
López indicó que por ello optó por utilizar a un contratista independiente. «Yo no soy agente de inmigración, yo no sé decir quién tiene permiso o no para trabajar», dijo.
La visita de ICE fue solo el primer paso, ahora lo más seguro es que enfrentará una auditoría, lo que significa más gastos y tendrá que contratar a un abogado.
Entre tanto, sin empleados, ya piensa en reestructurar su negocio, quizás reducir sus servicios y horarios, algo que también causará pérdidas a la carnicería, que dijo, paga 16.000 dólares anuales solo en impuestos.
Activistas y defensores de los migrantes aseguran los operativos de ICE a negocios hispanos han sido constantes bajo el nuevo gobierno para cumplir con sus promesas de redadas y deportaciones masivas.
«Estamos seguros que ya han visitado más de la mitad de los pequeños negocios aquí en el sur de Tucson», dijo a EFE María Eugenia Carrasco, de la Coalición de Derechos Humanos de Arizona.
«Aseguran que solo es una verificación de empleo, pero la forma que llegan, intimidan, inyectan miedo y la gente se asusta mucho», dijo.
Explicó que los negocios no solo pierden a sus empleados, sino también proveedores y algunos clientes que tienen miedo al saber que el negocio está en la mira de ICE.
La activista dijo que está convencida que muy pocos propietarios han denunciado la presencia de ICE, ya que tienen miedo de que el Gobierno pueda tomar represalias en su contra o perder contratos y clientela.
En Tucson, los negocios que son sorprendidos contratando inmigrantes indocumentados enfrentan multas desde hasta 27.000 dólares por empleado.
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