Asunto: Director de ONDCP, Administrador del DEA visitan al Presidente dominicano y altos funcionarios
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El 25 de Febrero, el director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca, John Walters, acompañado del Administrador en Funciones de la DEA, Michele Leonhart, el embajador Robert Fannin, ONDCP y jefes de personal de la DEA y el Jefe Político de la Embajada (POLOFF) le hizo un llamado al presidente dominicano Leonel Fernández para discutir los factor que están influenciando la lucha contra el tráfico ilegal de narcóticos en la República Dominicana. Mientras que la delegación de Estados Unidos hizo énfasis en el rol de Venezuela en el envío de narcóticos por el corredor del Caribe, el presidente Fernández se enfocó en la percepción de que Estados Unidos a reducido la asistencia en la región e hizo un llamado para que se dispusiera de equipos de alta tecnología para luchar un segundo frente en la guerra contra el terrorismo. En discusiones posteriores el 26 de febrero entre miembros de la delegación de Estados Unidos y el Procurador General Dominicano, el presidente de la DNCD, la presidenta del Consejo Nacional de Drogas, el Secretario de la Marina de guerra, el Jefe de la Policía y el Director de Aduanas, detallaron no solo sus proyectos antinarcóticos, pero también la necesidad de aumentar los recursos para realizar eficazmente sus responsabilidades en contra de las drogas.
PRESIDENTE FERNANDEZ
Asociación y el precio de la misma
2 (C) La reunión inicia con la sugerencia del Director Walters sobre la posibilidad de una respuesta en conjunto por parte de EE.UU y RD a la amenaza regional de los drogas dada la expansión significativa de ambos el tráfico de cocaína y el lavado de dinero en la región, así como un amento en la demanda y la criminalidad propulsada por las drogas en RD.
Walters expuso la respuesta conjunta de EE.UU y México, como un ejemplo exitoso, pero hizo notar que esto es un cuchillo de doble filo para el Caribe; el procurador general mexicano ha dicho en privado, “estamos ganando aquí, pero se está moviendo hacia el Caribe”. Walters piensa que el cambio en el tráfico de México a el Caribe es “una tendencia escalofriante” y se comprometió a trabajar con el Gobierno dominicano lo antes posible.
Fernández, de su lado, dio la bienvenida a este trabajo en conjunto con Estados Unidos (“pueden contar con nosotros como socios”) y rápidamente hizo un llamado para que dispusiéramos “más equipos, mejor entrenamiento y más colaboración”. El sugirió la falta de asistencia de EE.UU. en la actualidad, especialmente con respecto a las plataformas de vigilancia, era probablemente debido a los conflictos actuales en Iraq y Afganistán. Sugirió que el acercamiento apropiado de EE.UU. seria ver a RD como una “posible playa de desembarco para el terrorismo” y el trafico de drogas como “otro frente en la guerra contra el terrorismo”.
Fernández describió la compra aún pendiente de los Súper Tucanos brasileños como una “solución de vigilancia” e hizo notar que “otra solución para EE.UU. para ayudar a monitorear el espacio aéreo Dominicano seria bienvenido”. (Nota: El Súper Tucano es una plataforma de intercepción de tierra/aérea que ha sido públicamente asociada con la edificación de un programa de dominicano de “capacidad de derribo contra aviones civiles que violen el espacio Aéreo.
Considerando el éxito relativo del gobierno mexicano, Fernández también sugirió un posible acuerdo entre RD y México para explorar las mejores prácticas, identificar los actores malos e identificar las tendencias.
Herramientas eficaces: La DNCD, escuchas telefónicas y extradiciones
Al elogiar la labor de la DNCD, el Administrador Leonhart menciona otro tipo de vigilancia—intercepciones telefónicas, que ella catalogó como críticas a la hora de penetrar las altas esferas de las organizaciones de drogas. En respuesta, Fernández hizo notar que él tenía que “hacer algunos cambios” con respecto a esto, porque los militares han estado grabando ilegalmente a funcionarios gubernamentales and pasando la información a la oposición política. (Hemos tenido le negocio de Watergate aquí.”) Leonhart prometió US $60,000 en nuevos equipos y entrenamiento para mejorar la capacidad de unidad (DNCD) y Fernández estuvo de acuerdo en que el Presidente de la DNCD, General Rafael Radhames Ramirez Ferreira, esta totalmente dedicado, siempre motivad, honesto y “haciendo un tremendo trabajo”.
Walters le dio las gracias al Gobierno dominicano por permitir la extradición de nacionales dominicanos, algo que “siempre es difícil” pero que también es “una herramienta poderosa que ayuda a restablecer el imperio de la ley (tal y como ha ocurrido en México y Colombia)
Disminución en la demanda de EUA
Al señalar que “resulta mejor cuando la oferta y la demanda son atacadas al mismo tiempo”, Walters habló sobre la disminución en el uso de las drogas entre la juventud, al igual que una reducción en general en el uso de cocaína en EUA. Walters dijo que EUA “obviamente tenía aún un problema” pero que EUA está trabajando para que haya cada vez un más rápido descenso en el consumo. (“Nosotros no estamos tratando de combatir esto de una sola parte”).
Solicitud específica de equipo
En respuesta a una solicitud sin plazo definido (“¿Cómo podemos ayudar?”),
Fernández solicitó específicamente un sistema de radar situado en tierra, “tecnología” para aumentar la detección (aire, mar y tierra), compartir más información y más lanchas rápidas. Walters señaló que había una “presión general sobre los recursos”, pero se comprometió a llevarle estas solicitudes al almirante Stavridis del Comando Sur dentro del contexto de apoyo general a la región.
Venezuela: Coordinación de la interdicción y asistencia a la Cumbre de Presidentes
El tema de los vuelos cargando drogas fue traído a colación por parte de Walters y Leonhart, con Walters enfatizando que EUA ha tratado repetidamente de trabajar con Venezuela en la interdicción, pero que la investigación demuestra que existe una significativa corrupción entre algunos funcionarios venezolanos y que “muchas de las aeronaves provienen de aeropuertos controlados”. De acuerdo a Walters se trata de la poca voluntad del gobierno venezolano en “dar los pasos necesarios” y su derogación de sus responsabilidades internacionales lo que ha causado un aumento en el tráfico en toda la región. Walters planteó que esto podría sugerir que el presidente Chávez ha “perdido el control”. Luego preguntó si Fernández tendría algún consejo para tratar con el gobierno venezolano.
En respuesta, Fernández advirtió contra convertir esto en un tema “ideológico” y sugirió que “necesitamos que Venezuela coordine la interdicción regional” y que Venezuela podría todavía “colaborar con todos nosotros”. Sugirió que trataría de poner el tema con Chávez durante la Cumbre de Río (Santo Domingo, del 4 al 7 de marzo de 2008) o, sino entonces, en un seguimiento a la cumbre regional contra las drogas que se llevó a cabo el año pasado, siendo el anfitrión Santo Domingo.
Fernández también hizo énfasis en la importancia de la presencia de un oficial estadounidense de “alto rango” en esta cumbre de seguimiento, como señal del compromiso e interés de EUA en la región.
Fernández reitera mensaje sobre la política estadounidense y sugiere apuntalamientos sociológicos sobre el narcotráfico
Al cierre, Fernández de nuevo reclamó que EUA ha reducido su atención a la región y afirmó que la consistencia de EUA en cuanto a su palabra y sus acciones es clave para lograr los objetivos de política estadounidense. Walters y Fernández estuvieron de acuerdo en que los acuerdos de libre comercio no son una panacea y que los países deben continuar atentos a las amenazas transnacionales.
Fernández señaló que se debe hacer un estudio sobre migración interna y urbanización, sugiriendo que el nuevo pobre urbano es terreno fértil para reclutar “soldados” para las organizaciones de tráfico de drogas, así como caldo de cultivo para los drogadictos. En reconocimiento a la creciente sofisticación y poder de los jefes del narcotráfico locales, exclamó además que “el narcotraficante moderno viste bien – y hasta pide entrevista con el Presidente”.
La presidenta del CND Mabel Féliz Báez
De tránsito a consumidor
3. En el primero de las reuniones de dos días de duración, la presidenta del CND Féliz confirmo que RD ya no es un país puramente de tránsito, por el contrario es un país de tránsito y consumidor de narcóticos ilegales, en gran medida como resultado del pago que hacen las organizaciones narcotraficantes para el trasbordo con una porción de la carga de narcóticos: pero una señal de cómo la droga ha permeado en la sociedad es que aproximadamente el 80% de los prisioneros del país están encarcelados por crímenes relacionados con la droga. Otra señal perturbadora es el aumento en el uso de drogas entre los jóvenes del país.
Reacción y planes futuros
Feliz señaló que la política comunitaria concentrada en los barrios (Barrio Seguro) es eficaz para reducir los crímenes relacionados con las drogas en áreas específicas; no obstante, las drogas entran a RD por mar, aire y tierra. El CND planea responder a fines este año al problema de los narcóticos con una interdicción coordinada y un programa de prevención que ataque tanto la oferta como la demanda. Una de las facetas claves de este plan, desarrollado con la asistencia de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, de la OEA, es involucrar otras instituciones gubernamentales al igual que la sociedad civil. (Una copia del plan en borrador ha sido enviada por valija diplomática a Figueroa, ONDCP y a Hawkins, INL). Walters sugirió que dado el éxito de México para prohibir las drogas ilegales, (y el posterior cambio de esas drogas a través del corredor del Caribe) este la coordinación de este plan sería necesaria.
Dificultades locales
Féliz se quejó de la pobre coordinación de las diferentes agencias que participan en el comité de lavado de activos, encabezado por el CND. Cuatro agencias distintas llevan a cabo investigaciones – la unidad de Análisis Financiero del CND (UAF), la oficina del Procurador General, la Policía Nacional y el DNCD – pero se comparte muy poca información. Otro problema tiene que ver con la confiscación de activos: los activos confiscados bajo las leyes criminales de confiscación son congelados hasta que haya una disposición sobre el caso en cuestión, algo que puede tomar varios años. Durante esa larga espera, los fondos y las propiedades pueden desaparecer, y han desparecido y, claro, permanecen no disponibles para el uso de las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes.
Solicitud de asistencia
En referencia a la cumbre regional contra el narcotráfico el año pasado, Féliz reconoció que “RD puede aprender de otros países”. Ella luego cerró con una solicitud de entrenamiento como de apoyo material al UAF. En respuesta, Walters señaló que la ONDCP asistiría con gusto al CND con la planificación de programas de prevención y otras alternativas. Leonhart, a su vez, ofreció coordinar la asistencia técnica para el UAF en términos de reclutar, investigar y entrenar a sus miembros. (Nota: Dada la exacta descripción que dio Feliz sobre las dificultades que enfrenta el comité de lavado de activos, la embajada apoya sólidamente que se le dé la asistencia solicitada. Fin nota).
Ferreira, presidente de la DNCD
4. En la siguiente reunión, el presidente de la DNCD Ferreira reiteró la relación negativa entre una “frontera abierta” y el narcotráfico, sugiriendo que la DNCD tiene tanto la “voluntad y el personal”, pero carece del equipo necesario para ubicar las drogas “gramo por grama, centro de distribución por centro de distribución” una vez que estas cruzan la frontera.
Ferreira lamentó que, frente a un “ataque” por parte de Venezuela, la DNCD tiene que luchar con las Fuerzas Armadas dominicanas para poder utilizar un helicóptero militar que toman prestado ocasionalmente. Además, los helicópteros dominicanos no están preparados para visión nocturna, por lo que la DNCD no tiene la capacidad de responder rápidamente a los lanzamientos de drogas durante horas de la noche. No obstante, considerando todas estas dificultades, las incautaciones de drogas por parte de la DNCD en los últimos 18 meses llegó al 30 por ciento de las incautacions totales de drogas en los 8 últimos años.
Ferreira indicó que estaba contento con el nivel de cooperación de la DEA y señaló que “estamos pagando las consecuencias de la política venezolana”, pero aún así culpó “la falta de atención” de EUA hacia el Caribe y Latinoamérica, así como una política muy politizada hacia Venezuela, por contribuir a la actual situación de los narcóticos. Para Ferreira, esta falta de atención se podría rectificar parcialmente a través de un aumento en el uso de los helicópteros Blackhawk para Protección de Aduanas y Fronteras, con base en Puerto Rico así como un aumento en los ejercicios de la Guardia Costera estadounidense y el DEA tanto en RD como en la región en general.
Walters respondió reconociendo la “aguda” amenaza que sufre RD y la necesidad de una más estrecha asociación con el Gobierno dominicano, especialmente teniendo en cuenta que Venezuela ha rechazado persistentemente las tentativas de acercamiento por parte del gobierno norteamericano para coordinar sobre contra narcóticos. Leonhart destacó el apoyo del gobierno norteamericano a RD vía el trabajo del DEA ayudando a formar equipos de operación táctica, así como un centro de operaciones contra narcóticos. Leonhart sugirió que el próximo (junio 2008) arribo del sistema de radar en tierra podría mejorar la situación aún más.
Jefe de la Marina, vicealmirante Julio César Ventura Bayonet
Durante una breve reunión más tarde ese día, el vicealmirante Ventura Bayonet habló sobre sus acciones como uno de los fundadores del DNCD y declaró directamente que la Marina dominicana trabaja constantemente para defender la nación del flagelo de las drogas. De acuerdo a Bayonet, es la Marina la principal fuerza contra narcóticos en RD, ya que la Fuerza Aérea Dominicana no tiene radares y no tiene la capacidad para vuelos nocturnos. Dicho esto, la respuesta de la Marina está limitada a la pequeña cantidad de lanchas rápidas que posee la Marina, falta de equipo básico, una pobre cooperación entre agencias (en particular con el DNCD y, más específicamente, compartiendo información de inteligencia). En comparación, Bayonet elogió el nivel de cooperación entre la Marina dominicana, el DEA y el Grupo de Asesoría y Asistencia de la embajada.
Al responder la pregunta de Walters sobre las necesidades básicas de la Marina, Bayonet señaló los sistemas de radar, así como aviones de alas rotativas, como las prioridades. Bayonet considera que el radar es particularmente crítico ya que, dadas las limitaciones inherentes en datos de radar compartidos bajo el CNIES, encontrar a un traficante utilizando sólo datos “es como encontrar una aguja en un pajar”.
Leonhart se comprometió a dar apoyo a las operaciones de la Marina dominicana a través de financiamiento en la compra de combustible.
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Almuerzo de trabajo con los altos funcionarios
6. El último evento del día con las autoridades gubernamentales fue un almuerzo de trabajo, durante el que el director de Aduanas, Miguel Cocco, el procurador general Radhamés Jiménez Peña y el jefe de la Policía Nacional general Rafael Guzmán Fermín, hicieron presentaciones. Todos estuvieron de acuerdo en que la lucha contra las drogas era el asunto más grande, difícil y crítico que enfrenta la nación, y todos estuvieron de acuerdo en que varios factores han impactado dicha lucha.
Recursos
Cocco señaló que RD entra en la lucha contra el narcotráfico con una desventaja obvia, ya que las organizaciones de traficantes tienen recursos casi ilimitados y acceso a una alta tecnología. El Gobierno, por otro lado, carece de los recursos suficientes para siquiera mantener un avión patrullando.
Marco legal: RICO, limitaciones artificiales, incautación de activos y lavado de dinero
Guzmán habló sobre la cada vez mayor influencia de los grupos criminales organizados en el tráfico y su creencia de que la actual ley dominicana es inadecuada para tratar este desafío. Piensa que se deben imponer sentencias máximas más duras por narcotráfico y es necesaria una legislación similar a la ley Contra Organizaciones Influenciadas por el Crimen Organizado y Corruptas (RICO).
Guzmán también contó sobre una oleada asesinatos relacionados con la droga de funcionarios públicos, incluyendo 25 oficiales de la policía. Guzmán consideró que una ley emitida en 1988, “quitándole” a la Policía Nacional la autoridad de combatir los crímenes por drogas “una de las mayores debilidades” en el marco legal dominicano. La Policía Nacional está involucrada en redadas contra drogas, en un esfuerzo por combatir el “microtráfico” – la proliferación de vendedores de drogas en las esquinas de las calles. Guzmán atribuyó el incremento del microtráfico a los impedimentos impuestos sobre el lavado de dinero; estos impedimentos fueron la causa de que las organizaciones de narcotraficantes “pagaran en especie”. Guzmán aseguró que la venta de narcóticos corre en los millones y estos son utilizados para “comprar jueces, fiscales, armas y tecnología”. (Jiménez: “Los narcotraficantes han penetrado el sistema legal”).
Cocco se quejó, como lo hizo Féliz anteriormente de que RD no puede hacer uso de los activos incautados en un caso criminal hasta el final definitivo de ese caso (del que se considera incluye una apelación ante la SCJ). Como los casos pueden tomar de 3 a 15 años para concluir, los fondos permanecen sin ser aprovechados. Cocco favorece un cambio en la ley similar a la Ley de Aduanas dominicana que permite la incautación inmediata (administrativa) y confiscación de los activos. Bajo la Ley de Adunas, los dineros incautados son inmediatamente enviados al Tesoro, convertidos en pesos y distribuidos entre varias entidades encargadas de hacer cumplir la ley. Bajo esta fórmula, los individuos todavía pueden refutar esta incautación, pero solo la SCJ puede ordenar que el dinero sea devuelto. (Nota: un tribunal puede ordenar el reembolso, pero esa orden puede ser apelada más arriba, en una corte de apelaciones y finalmente en la SCJ. (Final nota).
Jiménez señaló que su oficina hace una investigación actualmente que resultaría en una revisión del estatuto de RD contra lavado de dinero, el que debe ser la principal arma contra los traficantes, pero que actualmente está llena de fisuras legales (que se prestan a trampas, NT) y es “muy débil”. Al igual que la antes mencionada provisión para incautación de bienes criminales, la ley contra el lavado de dinero no permite una distribución oportuna de los bienes incautados.
Cocco declaró que existe una tendencia en RD a concentrarse excesivamente en la falta de recursos materiales cuando se refiere a contra narcóticos, pero los actores dominicanos deben asegurarse que haya también una voluntad política adecuada. Los principales protagonistas dominicanos son los que pueden y deben ir tras los bienes del narcotráfico en RD. Además son los principales protagonistas dominicanos los que deben poner atención al impacto de las drogas sobre la juventud y la sociedad en general (incluyendo su impacto negativo sobre la modernización).
Parte de esta voluntad política, como lo detalla Jiménez, debe ser el deseo de profesionalizar los cuerpos que llevan proceso criminal, así como mejorar el salario de los fiscales. Sin un aumento en los sueldos, incluyendo aumentos para la DNCD y otras agencias encargadas de imponer el cumplimiento de la ley, siempre permanecerá la posibilidad de corrupción dentro del sistema legal.
Documento original de los cables Wikileaks.
C O N F I D E N T I A L SANTO DOMINGO 000387
SIPDIS
SIPDIS
DEPARTMENT OF STATE FOR WHA, WHA/CAR DEPIRRO AND WARD,
INL/LP RHAWKINS
DEA FOR MBRAUN, TPIERCE
WHITE HOUSE PLEASE PASS ONDCP FOR BHITTLE AND CFIGUEROA
DEPARTMENT OF DEFENSE PLEASE PASS OSDP, SOUTHCOM-JIATF
SOUTH AND FOR POLAD
E.O. 12958: DECL: 03/17/2018
TAGS: PGOV, PREL, KCRM, SNAR, MARR, DR
SUBJECT: ONDCP DIRECTOR, DEA ADMINISTRATOR CALL ON
DOMINICAN PRESIDENT AND SENIOR OFFICIALS
Classified By: Ambassador P. Robert Fannin for reasons 1.4(b) and (d)
1. (C) Summary: On February 25, White House Office of
National Drug Control Policy (ONDCP) Director John Walters,
accompanied by Drug Enforcement Administration (DEA) Acting
Administrator Michele Leonhart, U.S. Ambassador P. Robert
Fannin, ONDCP and DEA Chiefs of Staff, and poloff called on
Dominican President Leonel Fernandez to discuss factors
influencing the fight against illegal narcotics trafficking
into the Dominican Republic. While the U.S. delegation
emphasized the role of Venezuela in shipping narcotics
through the Caribbean corridor, President Fernandez focused
on the perceived reduction of U.S. assistance to the region
and called for the transfer of high-technology items to fight
a second «front on the war against terrorism.» In subsequent
discussions on February 26 between members of the U.S.
delegation and the Dominican Attorney General, the head of
the DEA-equivalent National Directorate for Drug Control
(DNCD), the President of the ONDCP-equivalent National
Council on Drugs (CND), the Secretary of the Navy, the Chief
of the National Police, and the Director of Customs, detailed
not only their anti-narcotics planning, but also the need for
increased resources to effectively perform counternarcotics
duties. End Summary.
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President Fernandez
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— Partnership and the Price Thereof
2. (C) The meeting opened with Director Walters’ suggestion
of a possible joint U.S. – Dominican response to the regional
narcotics threat given the significant expansion of both
cocaine trafficking and money laundering in the region, as
well as an increase in both demand and drug-fueled
criminality in the Dominican Republic.
Walters held out the joint U.S. – Mexican response as an
example of success, but noted that it is proving a
double-edged sword for the Caribbean; the Mexican Attorney
General has stated privately, «we’re winning here, it’s going
to the Caribbean.» Walters thought the shift of trafficking
from Mexico to the Caribbean «a frightening trend» and
committed to working with the Dominican government «sooner
rather than later.»
Fernandez, in turn, welcomed «partnership» with the United
States («you can count on us as a partner») and promptly
called for the provision of «more equipment, better training,
and more collaboration.» He went on to suggest that a
current lack of U.S. assistance, especially in regard to
surveillance platforms, was likely attributable to the
ongoing conflicts in Iraq and Afghanistan. He suggested that
the proper approach for the United States would be to look at
the Dominican Republic as a «potential beachhead for
terrorism» and drug trafficking as «another front on the war
against terror.»
Fernandez described the Dominican government’s pending
purchase of Brazilian-manufactured SuperTucanos as a
«surveillance solution,» and noted that «another solution for
the United States to help ‘monitor’ Dominican airspace would
be welcome.» (Note: The SuperTucano is a turboprop light
ground attack/aerial interception platform that has been
publicly associated with building a Dominican «shoot down»
capability against trespassing civil aircraft. Fernandez has
privately asserted that he does not approve of shooting down
trespassing civil aircraft. End note.)
Considering the relative success of the Mexican government,
Fernandez also suggested a possible Dominican-Mexican
arrangement to explore best practices, identify specific bad
actors, and identify trends.
— Effective tools: The DNCD, Wiretapping, and Extraditions
In giving kudos to the DNCD’s vetted unit, Administrator
Leonhart mentioned another type of surveillance — wire
intercepts, which she categorized as critical in penetrating
the upper echelons of narcotics organizations. In response,
Fernandez noted that he «had to make some changes» in this
regard, as the military had been illegally wiretapping
government officials and passing the information to
opposition political parties. («We had some Watergate
business here.») Leonhart went on to pledge 60,000 USD in new
equipment and training to further the vetted unit’s
capabilities and Fernandez agreed that the DNCD’s head, Major
General Rafael Radhames Ramirez Ferreira, was totally
dedicated, always motivated, honest, and «doing a tremendous
job.»
Walters thanked the Dominican government for allowing the
extradition of Dominican nationals, something that is «always
hard,» but is also «an incredibly powerful tool that helps
reestablish the rule of law» (as seen in both Mexico and
Colombia).
— Reduction in U.S. Demand
Noting that «it is best when supply and demand are tackled
together,» Walters discussed the reduction in youth drug use,
as well as an overall decline in cocaine use, in the United
States. Walters stated that the United States «obviously
still had a problem,» but that the United States is working
toward an increasingly rapid decline in consumption. («We
are not trying to fight this on just one side.»)
— Specific requests for Equipment
In response to an open-ended inquiry («How can we help?»),
Fernandez asked specifically for a ground-based radar system,
«technology» to enhance detection (air, land, and sea),
increased information sharing, and additional «go fast»
boats. Walters noted an overall «strain on resources,» but
committed to raising these requests with U.S. Southern
Command’s Admiral Stavridis in the context of support to the
general region.
— Venezuela: Interdiction Coordination and Presidential
Summit Attendance
The issue of Venezuelan drug flights was raised by both
Leonhart and Walters, with Walters stressing that the United
States has repeatedly attempted to work together with
Venezuela on interdiction, but that investigation
demonstrates significant corruption among some Venezuelan
officials and that «many of the aircraft are coming from
controlled airfields.» According to Walters, it is the
Venezuelan government’s unwillingness to «take the necessary
steps» and its derogation of its international
responsibilities that has caused the increase in trafficking
throughout the region. Walters posited that this could be
suggestive of President Chavez having «lost control.» He
then asked if Fernandez had any advice in dealing with the
Venezuelan government.
In response, Fernandez cautioned against making this into an
«ideological» issue and suggested that «we need Venezuela to
coordinate regional interdiction» and that Venezuela might
yet «collaborate with all of us.» He suggested that he would
try to raise this issue with Chavez at the Rio Summit (Santo
Domingo, March 4-7, 2008) or, if not then, at a 2008
follow-on to last year’s regional drug summit, hosted in
Santo Domingo.
Fernandez also stressed the importance of the presence of a
«high-ranking» U.S. official at this follow-on summit as a
signal of U.S. commitment to and interest in the region.
— Fernandez Reiterates Message on U.S. Policy and Suggests
Sociological Underpinnings of Narcotrafficking
In closing, Fernandez again claimed that the United States
has decreased attention to the region and asserted that U.S.
consistency in word and deed is key to obtaining U.S. policy
goals. Walters and Fernandez agreed that Free Trade
Agreements are not a panacea and that countries must continue
to look at transnational threats.
Fernandez noted a study of internal migration and
urbanization is also in order, suggesting that the new urban
poor provide a recruiting ground for «soldiers» for drug
trafficking organizations, as well as a breeding ground for
drug users. In an acknowledgment of the growing
sophistication and power of locally-based drug kingpins, he
further exclaimed that the «modern drug trafficker is well
dressed – even asking for a meeting with the President.»
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CND President Mabel Feliz Baez
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— From Transit to Consumer
3. (C) In the first of the day-2 meetings, CND President
Feliz confirmed that the Dominican Republic in no longer
purely a transit country, rather it is both a transit country
and a consumer of illegal narcotics, largely as a result of
trafficking organizations’ payment for transshipment with a
portion of the narcotics load; but one sign of the permeation
of drugs into society is that roughly 80 percent of the
nation’s prisoners are incarcerated for drug-related crimes.
Another troubling sign is increased drug use among the
nation’s youth.
— Reaction and Future Plans
Feliz noted that neighborhood-intensive community policing
(«Barrio Seguro») is effective in reducing drug-related crime
in specific areas; drugs nevertheless enter the Dominican
Republic with ease by land, air, and sea. The CND plans to
respond later this year to the narcotics problem with a
coordinated interdiction and prevention program that tackles
both supply and demand. One of the key facets of this plan,
which was developed with the assistance of the Organization
of American States’ Inter-American Drug Abuse Control
Commission, is the involvement of other government
institutions as well as civil society. (A copy of the draft
plan has been pouched to ONDCP Figueroa and INL Hawkins.)
Walters suggested that, given Mexico’s success in
interdicting illegal drugs (and the subsequent movement of
those drugs through the Caribbean corridor), such a
coordinated plan would be necessary.
— Local Difficulties
Feliz complained of poor coordination among the various
agencies that participate in the money laundering committee
headed by the CND. Four separate agencies conduct
investigations — the CND’s Financial Analysis Unit (UAF),
the Attorney General’s Office, the National Police, and the
DNCD — but little information-sharing exists. Yet another
problem deals with asset forfeiture: assets seized under
criminal forfeiture laws are frozen until the final
disposition of the case in question, something that can take
several years. During the long wait funds and property can,
and have, disappeared and, of course, they remain unavailable
for law enforcement use.
— Request for Assistance
Referencing last year’s regional drug summit, Feliz
recognized that «the Dominican Republic can learn from other
countries.» She then closed with a request for both training
and material support for the UAF. In response, Walters noted
that the ONDCP would be happy to assist the CND with planning
prevention programs and other alternatives. Leonhart, in
turn, offered to arrange technical assistance for the UAF in
terms of recruiting, vetting, and training members. (Note:
Given Feliz’ accurate description of difficulties facing the
money laundering committee, Embassy strongly supports the
provision of assistance as requested. End note.)
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DNCD President Ferreira
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4. (C) In the following meeting, DNCD President Ferreira
reiterated the negative relationship between an «open border»
and narcotrafficking, suggesting that the DNCD has both «will
and personnel,» but lacks the equipment necessary to track
down the drugs «gram by gram, distribution center by
distribution center» once they cross the frontier.
Ferreira lamented that, in the face of an «attack» by
Venezuela, the DNCD has to fight with the Dominican Armed
Forces for the use of an occasional borrowed military
helicopter. Moreover, Dominican helicopters are not
night-vision capable, so that the DNCD does not possess the
ability to rapidly respond to airdrops during nighttime
hours. Still, considering all these difficulties, DNCD drug
seizures in the last 18 months amounted to 30 percent of
total drug seizures during the previous 8 years.
Ferreira indicated that he was happy with the DEA’s level of
cooperation and noted «we are paying the consequences of a
Venezuelan policy,» but still blamed the United States’ «lack
of attention» to the Caribbean and Latin America, as well as
an overly-politicized policy toward Venezuela, for
contributing to the current narcotics situation. For
Ferreira, this lack of attention would be at least partially
rectified through the increased use of Puerto Rican-based
Customs and Border Protection Blackhawk helicopters, as well
as an increase in the number of U.S. Coast Guard and DEA
exercises in both the Dominican Republic and the general
region.
Walters responded by recognizing the «acute» threat suffered
by the Dominican Republic and the need to more closely
partner with the GODR, especially considering that Venezuela
has persistently rebuffed the USG’s repeated overtures to
coordinate on counternarcotics. Leonhart highlighted USG
support for the Dominican Republic via DEA’s work in helping
form tactical operations teams, as well as an
counternarcotics operations center. Leonhart suggested that
the upcoming (June 2008) deployment of a U.S. ground-based
radar system may further improve the situation.
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DR Navy Chief, Vice-Admiral Julio Cesar Ventura Bayonet
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5. (C) In a brief meeting later that day, Vice-Admiral
Bayonet spoke of his bona fides as one of the founders of the
DNCD and stated directly that the Dominican Navy works
constantly to defend the nation from the scourge of drugs.
According to Bayonet, it is the Navy that is the principal
counternarcotics force in the Dominican Republic, as the
Dominican Air Force does not possess radars and is not
capable of night-flying. That said, the Naval response is
limited by the small number of go-fast boats the Navy
possesses, a lack of basic equipment, and poor interagency
cooperation (particularly with the DNCD and, more
specifically, with intelligence-sharing). In comparison,
Bayonet lauded the level of cooperation between the Dominican
Navy, the DEA, and the Embassy’s Military Advisory and
Assistance Group.
In responding to Walters’ question regarding the Navy’s basic
needs, Bayonet noted radar systems, as well as both fixed and
rotary-wing aircraft, as priorities. Bayonet thought radar
to be particularly critical as, given the limitations
inherent in the radar data shared under CNIES, finding a
trafficker using only that data is «like finding a needle in
a haystack.»
Leonhart committed to supporting Dominican Navy operations
through funding the purchase of fuel.
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Working Lunch with Senior Officials
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6. (C) The day’s final event with government officials was a
working lunch, during which Customs Director Miguel Cocco,
Attorney General Radhames Jimenez Pena, and National Police
Chief Major General Rafael Guzman Fermin made presentations.
All agreed that the fight against drugs was the largest, most
difficult, and most critical issue facing the nation, and all
agreed that various factors impacted the fight.
— Resources
Cocco noted that the Dominican Republic enters the fight
against narcotics traffickers at an obvious disadvantage, as
trafficking organizations have nearly unlimited resources and
access to high technology. The government, on the other
hand, lacks sufficient resources to even maintain aircraft on
patrol.
— Legal Framework: RICO, Artificial Limitations, Asset
forfeiture, and Money Laundering
Guzman spoke of the increasing influence of organized
criminal groups in trafficking and his belief that current
Dominican law is inadequate to deal with the challenge. He
thinks tougher maximum sentences for trafficking are in order
and legislation similar to the Racketeer Influenced and
Corrupt Organizations Act (RICO) is necessary.
Guzman also told of a rash of drug-related killings of public
servants, including 25 police officers. Guzman thought a
1988 law that «took away» the authority of the National
Police to combat drug crimes «one of the greatest weaknesses»
in the Dominican legal framework. The National Police are
now involved in drug sweeps in an effort to confront
«microtrafficking» – the proliferation of street-corner
dealers. Guzman attributed the growth of microtrafficking to
impediments placed on money-laundering; these impediments
caused trafficking organizations to «pay in kind.» Guzman
asserted, and Jimenez agreed, that funds raised by the local
sale of narcotics run into the millions and are used to «buy
judges, district attorneys, arms, and technology.» (Jimenez:
«Narcotraffickers have penetrated the legal system.»)
Cocco complained, as did Feliz earlier, that the Dominican
Republic cannot make use of assets seized in a criminal case
until the definitive end of that case (which is considered to
include an appeal to the Supreme Court). As cases can take
anywhere from 3 to 15 years to reach their conclusion, the
funds sit useless. Cocco favors a change in law to something
similar to the current Dominican Customs law, which allows
the immediate (administrative) seizure and forfeiture of
assets. Under the Customs law, seized moneys are immediately
sent to the Treasury, converted to pesos, and distributed
among various law enforcement entities. Under this formula,
individuals can still contest the seizure, but only the
Supreme Court can order the money refunded. (Note: a trial
court can order the refund, but that order can be appealed
upward to an appellate court, and finally the Supreme Court.
End note.)
Jimenez noted that his office is currently doing research
that will ultimately result in a revision of the Dominican
Republic’s anti-money laundering statute, which should be a
principal weapon against traffickers, but is currently
loophole-ridden and «very weak.» Like the aforementioned
criminal asset forfeiture provision, the money-laundering law
does not permit the timely distribution of seized assets.
— Political Will
Cocco stated that there is a tendency in the Dominican
Republic to place inordinate focus on the lack of material
resources when thinking about counternarcotics, but Dominican
actors must ensure that there is also adequate political
will. Dominican actors are the ones that can and should go
after trafficking assets in the Dominican Republic.
Moreover, it is Dominican actors that must pay attention to
the impact of drugs on Dominican youth and society as a whole
(including its negative impact on modernization).
Part of this political will, as detailed by Jimenez, must be
the desire to professionalize the prosecutorial corps, as
well as improve prosecutors’ pay. Without pay increases,
including pay increases for the DNCD and other law
enforcement agencies, the possibility of corruption within
the legal system will always remain.
FANNIN
