35414
1. (SBU) El gobierno norteamericano no debe invertir en el fondo de pensiones dominicano (AFP – Administradoras de Fondos de Pensiones) debido a la extremadamente alta posibilidad de perder los fondos debido al fraude y la corrupción. Basado en el estado actual de las cosas en RD, la embajada norteamericana en Santo Domingo urge encarecidamente al Departamento (de Estado, NT) a autorizar la no participación en el Sistema de Seguridad Social local (LSSS). La embajada en Santo Domingo urge al Departamento a aprobar nuestra solicitud para situar los dineros de la pensión del personal situados localmente en fondos de pensiones situados en EUA. Este cable responde a la solicitud del Departamento (cables de referencia) para referencia adicional a lo contenido en el cable de referencia B.
[flv:http://www.noticiassin.com/wp-content/uploads/2011/08/WIKI-LUNES-29.flv 500 295]
Las AFP controladas por los bancos
2. (SBU) Las AFP en RD están controladas por bancos privados dominicanos. Los bancos dominicanos han estado sujetos a controles regulatorios poco estrictos que consistentemente han fallado en asegurar que los bancos cumplan con las leyes y regulaciones aplicables. Los bancos dominicanos no están constreñidos por los controles reguladores que limitan la inversión en industrias no relacionadas con los bancos. De hecho, las inversiones por parte de bancos dominicanos medios de comunicación, compañías aseguradoras y empresas de valores es la norma en vez de la excepción. Media docena de bancos dominicanos controlan la gran mayoría de los tratos financieros dentro de RD.
El rol de los bancos en RD
3. (SBU) El dominio del sector bancario sobre los negocios en RD, conjuntamente con su omnipresente rol en las transacciones financieras del país, lo ha situado en una posición de gran poder en el país. Esta posición de poder significa que la industria bancaria tiene influencia no solamente sobre los negocios relacionados con bancos e industrias, sino sobre las ramas judicial y ejecutiva del gobierno también.
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Negociando con información privilegiada
4. (SBU) La posición, poder e impunidad de la industria bancaria le permite hacer transacciones entre sí. Las acciones que normalmente serían llevadas a la acción judicial en EUA por abuso de información privilegiada y prácticas corruptas ocurren con frecuencia y forman parte de la “práctica normal de hacer negocios” en RD (ver ejemplos más abajo). Someter el dinero de los contribuyentes estadounidenses y el futuro bienestar financiero de los empleados del gobierno norteamericano a dicho sistema sería negligente, como poco. Situar los fondos de pensiones en bancos dominicanos conociendo la historia de los bancos, la industria bancaria, la estructura regulatoria y el sistema judicial podría dejar a gobierno norteamericano expuesto a demandas por parte del personal que trabaja en el país.
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(Ejemplos específicos) Baninter, el primer dominó
5. (SBU) En 2003, tres importantes bancos dominicanos colapsaron. En cada uno de los tres casos, los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos establecieron el método en el que operaban los ejecutivos bancarios operaban “bancos clandestinos” detrás de una fachada de bancos reales. En el fracaso de Baninter, se utilizaba una computadora noche tas noche para balancear y reconciliar un grupo de “libros secundarios” para una entidad falsa que no existía. En esencia, Baninter imprimía su propio dinero diariamente (o, más apropiadamente dicho, nocturnamente. Al descubrirse la treta, el Gobierno dominicano se dio cuenta de que el colapso del banco podría resultar desastroso para la economía dominicana (eventualmente así fue) y podría ser una señal de que otros bancos estarían haciendo chanchullos similares los cuales podrían también llevar a la bancarrota al país (lo estaban haciendo). También determinó que el chanchullo de Baninter no era algo nuevo. El banco falso existía desde hacía por lo menos10 años.
6. (SBU) Las conclusiones en el caso Baninter muestran que la estructura reguladora bancaria permitió el abuso de información privilegiada, un complejo fraude y la existencia de un banco totalmente falso durante diez años hasta que la trama de la pirámide finalmente colapsó sobre sí misma. El período de 10 años es significativo porque cubrió la administración de tres partidos distintos en el poder en RD. También resulta significativo el hecho de que a la fecha sólo seis ejecutivos de Baninter han sido acusados de cualquier fechoría. Ha pasado más de año y medio desde que se hizo la acusación contra esos seis, sin embargo no se ha iniciado un juicio contra ninguno o todos ellos. El caso languideció con una junta de apelación compuesta por 3 personas durante más de un año, debido a que la defensa cuestionaba a los jueces, que deben tomar en cuenta la interrogante preliminar sobre si existe suficiente evidencia contra alguno de los seis acusados para proseguir con el juicio.
7. (SBU) Observando únicamente el colapso de Baninter, está claro que: 1) aunque las regulaciones para la supervisión de los bancos estaban establecidas, estas resultaron ineficaces, 2) que la mala administración de los bancos y el fraude no están limitados a un partido político en particular, 3) que el sistema judicial está todavía incapacitado para hacerle frente a los complejos casos de fraude y está sujeto a las presiones externas que garantizan que los casos bancarios no pasen por el sistema judicial. El gobierno norteamericano no debe invertir el fondo de pensiones de sus empleados en un sistema que tiene fallas tan graves.
Más de un banco: Bancredito y Banco Mercantil
8. (SBU) Si estas prácticas estuvieran limitadas a un banco, tal vez el banco podría considerarse una anomalía – un problema pasajero en la pantalla o un error que el gobierno dominicana buscaba corregir. Sin embargo, tres importantes bancos colapsaron en 2003, no sólo Baninter, costando eventualmente el equivalente al 20% del PBI. Bancredito y Banco Mercantil estaban involucrados en tramas similares a la del “banco falso” que llevaron a su colapso y eventual venta y adquisición. Bancredito pertenece ahora al Grupo León y se conoce como Banco León. Banco Mercantil fue comprado por el Republic Bank de Trinidad y Tobago. En ambos casos, los fraudes no se detectaron hasta que el fraude de Baninter despertó algunos reguladores bancarios e investigaron patrones similares en otros bancos. Los encontraron, pero de nuevo, no fue sino hasta años después de que comenzaran las actividades fraudulentas.
9. (SBU) En los casos de Bancredito y Banco Mercantil la justicia se movilizó más lentamente aún, tan lentamente que no se percibe ningún movimiento. Hasta ahora, solamente se han hecho acusaciones formales contra un solo ejecutivo del Banco Mercantil, ninguna en Bancredito. De hecho, en noviembre de 2003, cuando el equipo de abogados del Banco Central estuvo preparado para someter cargos criminales directamente contra el presidente y el vicepresidente de Bancredito, el entonces presidente Mejía ordenó que se retiraran los cargos.
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No son solamente bancos colapsados, sino un sistema colapsado
10. (SBU) Es importante repetir que los colapsos combinados de los bancos totalizaron el 20% del PBI en 2003 (US$3 billones). Los colapsos desataron una caída económica que duró 18 meses e hizo que el país acudiera al FMI. Debido al fracaso del sistema regulador en detectar las actividades fraudulentas y criminales de tres de sus bancos, el BC se puso a sí mismo en una situación precaria. El gobernador del BC dijo que si el BC no garantizaba los depósitos en los bancos colapsados más allá de las garantías requeridas por la ley, habría un pánico bancario. Así que, en violación de las leyes locales, justificado por el pobre pretexto de que las regulaciones de implementación aún no habían sido publicadas, el BC y el Gobierno dominicano asumieron la responsabilidad y pagaron el 100% de los depósitos. Si la estructura reguladora hubiese encontrado las fallas antes no habrían sido necesarias medidas tan extremas. Algunos todavía se preguntan si el BC debió garantizar los depósitos más allá de lo que manda la ley. Muchos atribuyen esas garantías del BC como una admisión del Gobierno dominicano de su complicidad en el fracaso del sistema bancario.
Estructura reguladora y transacciones poco transparentes
11. (SBU) En general, cuatro entidades principales regulan el sector financiero dominicano: la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Pensiones. Los bancos controlan las AFP ) Superintendencia de Pensiones), los bancos son dueños de compañías de seguros (Superintendencia de Seguros), los bancos controlan la mayoría de los puestos en canje de valores (Superintendencia de Valores) y los bancos se reportan a la Superintendencia de Bancos.
12. (C) Las cuatro autoridades reguladoras, en general, no comparten información entre sí. Sin embargo, los bancos tienen intereses en cada una de las cuatro autoridades y aprovechan sus conocimientos sobre lo que sucede en cada área para circunvalar las regulaciones de las instituciones. Por ejemplo, los bancos han comerciado en valores a través del Mercado de Valores para evitar pagar impuestos y tener que llenar un mínimo de las reservas requeridas. Además, comercian con bonos entre ellos en un proceso no transparente. Han resistido con éxito las iniciativas para aumentar la transparencia en el mercado de bonos. Todas estas acciones son indicaciones de los abusos de información privilegiada y las prácticas corruptas por parte de la industria bancaria.
13. (C) Además, las prácticas de la alta gerencia en por lo menos dos de las cuatro entidades reguladoras son sumamente cuestionables. Tanto la Superintendencia de Pensiones como la Superintendencia de Valores han hecho propuestas públicas para invertir los fondos de las AFP en sectores o proyectos con problemas financieros. Las propuestas son inapropiadas en dos niveles: 1) las propuestas de esta naturaleza no deben ser hechas por encargados de las autoridades supervisoras y reguladoras, por ejemplo, la Superintendencia de Valores no debe estar dando consejos para inversión, y 2) aún si fuese apropiado hacer propuestas de este tipo, las propuestas mismas son malos riesgos financieros que reconocen hasta los inversionistas más novatos.
14. (C) La Superintendencia de Pensiones sugirió que los fondos de las AFP sean utilizados para ayudar a financiar al endeudado e ineficaz sector energético. Con los largos apagones diarios en partes del país y la deuda que tiene el Gobierno con las principales compañías de electricidad totalizando los cientos de millones de dólares, el sector energético continúa luchando. Es visto por la mayoría como un barril sin fondo financiero; invertir en este sector es como invertir en las mesas de blackjack con pocas probabilidades de que los productores peguen en el 21 en un futuro cercano. El Superintendente de Pensiones también sugirió que los fondos de pensiones sean utilizados para financiar hipotecas, una inversión que no está permitida bajo las regulaciones de la seguridad social. La Superintendencia de Valores quería que los fondos de las AFP se inviertan en el mal concebido proyecto del metro. Su sugerencia de utilizar los fondos de pensión la hizo luego de que no se pudieran identificar otras fuentes de fondos públicos debido al sorprendente costo de un proyecto que le suministraría mínimos beneficios a RD. Afortunadamente, estas propuestas fueron rechazadas; sin embargo son claramente indicativas de que los Superintendentes o no conocen su trabajo o utilizan sus posiciones para tratar de invertir, inapropiadamente los fondos de las AFP en costosos y arriesgados proyectos.
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Confabulación por parte de entidades públicas y privadas – Las AFP en riesgo
15. (SBU) Como ejemplo de cómo las AFP están sujetas a la malversación (de fondos, NT) por parte de entidades públicas y privadas, la Junta Monetaria votó para ordenarles a las AFP que inviertan en certificados de depósito del BC. Esta medida se hizo en un esfuerzo para utilizar los fondos de las AFP para pagar los certificados adquiridos por el BC cuando rescató a Baninter, que son, en esencia, CDs privados que vencen próximamente. La medida contravino directamente la ley de Seguro Social, que no establece que CDs del BC sean inversiones permitidas para las AFP. Este asalto por parte del Gobierno fue detenido, en gran medida debido a las protestas públicas por parte del sector comercial (los bancos) quienes no estaban dispuestos a perder su lucrativa empresa.
16. (SBU) Los bancos tenían un interés propio en quedarse con las ganancias obtenidas de los CD del BC; no querían que el Gobierno utilizara las AFP para comprar todos los CD que ellos podrían comprar para mejorar sus posiciones financieras. Los CD del BC (en aquella época) resultaban atractivos para muchos debido a que pagaban aproximadamente un interés de 50%. En contraste, los CD de los bancos comerciales pagaban aproximadamente 25% de interés. Estando la inflación entre 30-40% entonces, los CD del BC eran unos de las únicas inversiones que ofrecían una importante tasa positiva de rendimiento sobre la inversión cuando es ajustada para la inflación. Los bancos no querían permitir que el Gobierno invirtiera directamente los fondos de las AFP en CDs del BC porque la otra alternativa requería que las AFP compraran CDs de los bancos comerciales. Los bancos entonces tomaron el dinero invertido por las AFP en sus CD y se fueron a comprar CDs del BC, asegurando que los bancos conservaran las ganancias.
17. (C) Este ejemplo es indicativo de la forma en que tanto el Gobierno como los bancos desean aprovechar el relativamente nuevo sistema de AFP. El Gobierno trató de que las AFP invirtieran en instrumentos que la ley no considera inversiones permisibles y los bancos conspiraron para evitar la inversión directa de las AFP en instrumentos rentables. De cualquier forma, las AFP pierden al igual que cualquier empleado cuya pensión esté sujeta a las AFP.
Falta de confianza – estafando a los interesados
18. (C) Los abusos de información privilegiada llevados a cabo por los bancos en RD han causado la erosión de la confianza en el sistema de AFP. El representante sindical para el sistema de Seguridad Social dominicano nos dijo que de los 1.2 millones de dominicanos que supuestamente están registrados en el sistema de AFP, solamente se hacen pagos a favor de 500,000 de ellos. Agregó que de los pagos que se hacen, muchos son solo parciales. Los empleados no pueden supervisar si sus patronos están transfiriendo el dinero que supuestamente deducen de sus salarios para ser puestos en los fondos de pensiones. Los patrones se han dado cuenta de la falta de regulaciones y supervisión y usualmente reportan menos salarios para que sus contribuciones a las AFP como patrono sean menores. Aunque el gobierno norteamericano cumpliría con todas las reglas y regulaciones, el fraude dominante por parte del sector empresarial en cuanto a las AFP debilita el sistema.
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Lo que nos cuentan nuestras fuentes sobre el fraude y la corrupción
19. (SBU) Durante un movido año 2003 y 2004 cuando se descubrieron los fraudes bancarios y se hicieron públicos, los funcionarios de la embajada escucharon una y otra vez que los culpables no serían castigados. Se nos dijo que los casos serían barridos bajo la alfombra y pronto desaparecerían de la memoria. Se nos dijo que los ejecutivos bancarios sobornaron a todos, líderes políticos de todos los partidos, asociados empresariales, y organizaciones no gubernamentales (quienes aceptaron fondos sin saber sobre las actividades fraudulentas) para asegurarse que no estarían sujetos a sanciones. Consistentemente se nos dijo que el sistema judicial no podía manejar casos complejos de fraude y que los infractores tenían los medios para asegurarse que no fueran encontrados civilmente o criminalmente responsables. Esas primeras palabras de parte de contrapartes dominicanas de todos los niveles de la sociedad dominicana ahora suenan proféticas. Los colapsos bancarios no son ya noticia de primera plana, los pocos acusados de actividad criminal permanecen libres, los casos civiles no están procediendo y para el dominicano común, Baninter es ya un recuerdo. En recientes comentarios, el Presidente Fernández evitó mencionar “fraude” o actividad criminal en el sector bancario, mencionando por el contrario la mala administración económica por parte del gobierno anterior y las erradas políticas de los directores bancarios.
20. (SBU) Escuchamos comentarios similares sobre los bancos y las AFP. “Las AFP son una buena idea, pero están siendo manipuladas”. “Los bancos tienen demasiado poder en todo el sector financiero”. “No se puede contar con las AFP para tener una pensión”. El fraude y la corrupción que tienen lugar en RD garantiza que el dinero de los contribuyentes estadounidenses puesto en las AFP caerá en manos de criminales de cuello blanco quienes sienten poco temor de ser atrapados o procesados.
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Lo que significa para los empleados del gobierno norteamericano
21. (SBU) Aunque ya no son noticia de primera plana, los colapsos bancarios pesan sobremanera en las mentes de algunos dominicanos, sobre todo los que pertenecen a la relativamente pequeña clase media. Los ricos tienen sus inversiones en RD y en exterior (en dólares y no se ven afectados por la economía local), los pobres no tienen inversiones y la clase media es la que más ha perdido y la que más tiene que perder. Ahí es que encaja en el tema el personal local empleado por el gobierno estadounidense. La mayoría pertenece a una pequeña y esforzada clase media; son los que tienen más probabilidad de sentir los efectos de los colapsos bancarios y la pérdida de las pensiones. No están en posición de hacer inversiones en dólares en el extranjero ni tendrían un apoyo adecuado para su retiro sin pensiones adecuadas. Los fondos de pensiones en EUA no están garantizados para crecer al nivel necesario para mantener a nuestro personal local pero representan un mejor riesgo que invertirlos en las AFP controladas por los bancos locales. Nuestro personal contratado localmente dejó claro que no quiere arriesgar sus fondos de retiro en un sistema en el que los bancos dominicanos controlan su futuro; una abrumadora mayoría votó en noviembre de 2003 para proseguir con esta solicitud de situar sus fondos en el Plan Global, a pesar de la posibilidad de que la solicitud pueda ser rechazada.
Los bancos no están únicamente en el negocio bancario
22. (SBU) En algunos países, donde las juntas supervisoras o reguladoras son ineficaces, como lo es en el caso de la industria bancaria en RD, se puede depender de la prensa para que asuma el rol de “organismo de control”. Ese no es el caso en RD. Aun si la prensa tuviera personal calificado para ahondar en las minucias de las regulaciones bancarias, los medios de prensa dominicanos pertenecen y están controlados por los bancos dominicanos. La falta de reportajes o los pocos reportajes sobre los bancos colapsados que se mencionan arriba demuestran claramente la falta de voluntad de los medios de comunicación pertenecientes a bancos para reportar sobre los manejos negativos de los bancos. No hay razón para esperar que la prensa sirva de “organismo de control” sobre otras transacciones de los bancos, como las que hacen con las AFP.
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Corrupción a todos los niveles y para todos los propósitos
23. (U) Las AFP, la industria bancaria, el sector financiero y la prensa están afectadas por las normas de la sociedad dominicana. La corrupción es un modo de vida en RD. En el más reciente índice sobre Percepción Internacional de Transparencia emitido en octubre de 2004, RD obtuvo un puntaje de 2.9 en una escala del 1 al 10, empatando con Irán y Rumania y clasificó peor que China, Jamaica, Colombia, México, Cuba, El Salvador y Belice. En la última versión del Índice Competitivo Nacional del Foro Económico Mundial, bajo la sub-categoría “Pagos irregulares en la formulación de políticas gubernamentales”, RD clasificó 90 entre los 102 países encuestados, peor que Nigeria, Kenia y Panamá.
24.( C) Los bajos puntajes en clasificaciones internacionales sobre corrupción no se comparan con ver y escuchar sobre corrupción diariamente. El actual fiscal del Distrito en Santo Domingo estuvo en las noticias recientemente cuando se descubrió que estaba manejando una “yipeta” que había sido reportada como robada en EUA. Tenemos información de entera credibilidad de que el vicepresidente de la SCJ acepta sobornos. Sabemos que miembros de los cuerpos militares y la policía están involucrados en el contrabando de drogas y personas. Solicitamos, y recibimos, la aprobación del Departamento (de Estado, NT) para que se revoquen las visas de altos funcionarios del Gobierno (incluyendo a nivel del Gabinete). Continuamos monitoreando de cerca los casos de corrupción en proceso con la esperanza de que tendrán más éxito que previos casos que han sido llevados ante los tribunales dominicanos.
25. (SBU) La corrupción toca todos los estratos de la sociedad. Lo más perturbador, sin embargo, es el alto nivel de corrupción de parte de empresarios, funcionarios gubernamentales, y miembros de la judicatura. Evidencia anecdótica sobre este tipo de corrupción se escucha en cada rincón en la calle y en cada reunión en el país. Obtener pruebas y condenas es un asunto distinto. En un estudio financiado por la USAID, una organización de la sociedad civil dominicana documentó 227 casos de corrupción que entraron al sistema judicial entre 1983 y 2003. De esos casos, sólo uno resultó en una condena (que luego fue desestimada en apelación) y solamente seis fueron llevados a juicio. El sistema está debilitado, situar en el mismo el dinero de los contribuyentes estadounidenses resultaría en pérdidas significativas.
El rol de USAID con el sistema de AFP
26. (SBU) En la referencia B, la embajada en Santo Domingo explicó que USAID estaba bien posicionada para juzgar si la embajada debería participar en el LSSS debido al rol de USAID para asistir a desarrollar el sistema. USAID provee asistencia técnica, y trabaja, como socio, con el Gobierno dominicano en general y, más directamente, con los organismos reguladores. USAID provee un significativo apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil que monitorean, identifican, documentan y tratan de combatir la corrupción. Aunque el objetivo final de USAID es ver un sistema de pensiones y una estructura gubernamental reguladora que tenga éxito, USAID tiene conocimientos exclusivos sobre la corrupción generalizada y los defectos del sistema.
27 (SBU) Una significativa parte del portafolio de USAID es combatir la corrupción identificándola y fortaleciendo las instituciones gubernamentales, los organismos reguladores y los grupos de la sociedad civil para que puedan enfrentar y luchar contra la corrupción. USAID está profundamente involucrada en el análisis de las fallas institucionales, propugnando mejoras y recabando apoyo para estas a través de las organizaciones no gubernamentales locales y dando entrenamientos (por ejemplo, cursos para los nuevos jueces en la escuela de la judicatura). El financiamiento de USAID hizo posible el análisis de los resultados judiciales en los casos de corrupción. Estos esfuerzos y contactos le dan a USAID y a la embajada en Santo Domingo una visión desde dentro en la medida en que el gobierno norteamericano trata de modificar las prácticas dominicanas. Hasta el momento, las instituciones dominicanas y el Gobierno no han demostrado la suficiente voluntad política para implementar las reformas que justifiquen confiarles nuestros fondos de pensiones.
28. (SBU) En términos de tener conocimiento sobre el sistema AFP, USAID tiene un asesor técnico en el Ministerio de Finanzas, quien ayudó al Gobierno y al sector privado a diseñar el Mercado de Cambio de Valores. Como resultado, USAID tiene un amplio conocimiento sobre cómo funcionan las instituciones reguladoras que supervisan el LSSS, y representantes de USAID se reúnen regularmente con muchos de esas instituciones (lo que le permite a USAID conocer mejor las debilidades de esas instituciones).
29. (SBU) Recientemente, el representante sindical ante el Sistema de Seguridad Social dominicano se dirigió a USAID para buscar apoyo a la legislación que requeriría de mayor transparencia en el sistema de AFP. La legislación busca darle a los empleados un mayor acceso a información sobre las inversiones que están haciendo las AFP y más información sobre las contribuciones que hacen los patronos a las AFP. Debido a las limitaciones de financiamiento, USAID no puede dar el apoyo solicitado.
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Conclusión
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30. (SBU) Las AFP en RD ponen extremo riesgo el dinero de los contribuyentes norteamericanos y el futuro del bienestar financiero de los empleados del gobierno norteamericano. La corrupción, las transacciones entre sí, abuso de información privilegiada y la no transparencia de las entidades reguladoras garantizan que el dinero de los contribuyentes norteamericanos será desviado de una forma u otra por las prácticas empresariales inescrupulosas y potencialmente criminales. El gobierno norteamericano no debe invertir sus fondos en tal sistema. La embajada en Santo Domingo reitera su solicitud para ponerle fin a plan de pensiones actual y solicita la anuencia del Departamento para situar los dineros de la pensión del personal local en fondos de pensiones ubicados en EUA.
Documento original de los cables Wikileaks.
35414 27 de junio, 2005
C O N F I D E N T I A L SECTION 01 OF 06 SANTO DOMINGO 003370
SIPDIS
DEPARTMENT FOR WHA, WHA/EX, WHA/CAR, HR/OE
E.O. 12958: DECL: 06/24/2015
TAGS: AMGT, KJUS, PGOV, DR, Banking
SUBJECT: U.S. TAXPAYERS WILL LOSE MONEY IN DOMINICAN AFPS
REF: A. EMAIL CORRESPONDENCE KUBISKE/ESTRADA/BOOTH MAY 05
B. 04 SANTO DOMINGO 2694
C. 04 STATE 070041
D. 03 STATE 87287
E. 03 SANTO DOMINGO 1476
F. 01 STATE 36095
G. 01 STATE 36080
Classified By: DCM Lisa Kubiske, reasons 1.4 (b) & (d).
1. (SBU) The USG should not invest in Dominican pension
funds (AFPs – Administradoras de Fondos de Pensiones) because
the likelihood of losing the funds due to fraud and
corruption is extremely high. Based on the current state of
affairs in the Dominican Republic, Embassy Santo Domingo
strongly urges the Department to authorize non-participation
in the Local Social Security System (LSSS). Embassy Santo
Domingo urges the Department to concur with our request to
place locally engaged staff pension monies into US based
pension funds. This cable replies to Department request
(reftels) for information additional to that contained in
reftel B.
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AFPs controlled by banks
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2. (SBU) AFPs in the Dominican Republic are controlled by
privately owned Dominican banks. Dominican banks have been
subject to lax regulatory controls that have consistently
failed to ensure that the banks are complying with applicable
laws and regulations. Dominican banks are not constrained by
regulatory controls that limit investment in non-banking
related industries. In fact, investment by Dominican banks
in media outlets, insurance companies, and securities firms
is the norm rather than the exception. Half a dozen
Dominican banks control the vast majority of the financial
dealings within the Dominican Republic.
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Banks’ role in the Dominican Republic
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3. (SBU) The banking sector’s domination of Dominican
business, along with its pervasive role in financial
transactions in the country, has put it in a position of
great power in the country. This power position means the
banking industry influences not only banking related
businesses and industries, but the judicial and executive
branches of government as well.
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Insider dealing
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4. (SBU) The position, power and impunity of the banking
industry allows it to engage in self-dealing transactions.
Actions that would commonly be prosecuted in the United
States as insider trading and corrupt practices are everyday
occurrences and a part of «normal business practice» in the
Dominican Republic (see below for examples). Subjecting U.S.
taxpayer money and the future financial well-being of USG
employees to such a system would be negligent at best. To
place pension funds in Dominican banks knowing the history of
the banks, banking industry, regulatory structure, and
judicial system, could open the USG to civil suits by locally
engaged staff.
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Specific Examples ) Baninter, the first domino
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5. (SBU) In 2003, three major Dominican banks failed. In
each of the three cases, attorneys for the Central Bank and
Superintendent of Banks established the method in which bank
executives operated «clandestine banks» behind the faade of
the real banks. In the failure of Baninter, a computer was
used on a nightly basis to balance and reconcile a set of
«second books» for a false entity that did not exist. In
essence, Baninter was printing its own money on a daily (or,
more appropriately, a nightly) basis. Upon the discovery of
the scheme, the Dominican government realized that the
failure of the bank could prove disastrous to the Dominican
economy (eventually it did) and could be a signal that other
banks were running similar scams that could also bankrupt the
country (they were). It also determined that the Baninter
scam was not new. The false bank had been in existence for at
least 10 years.
6. (SBU) The findings in the Baninter case show that the
banking regulatory structure allowed for insider trading,
complex fraud and the existence of an entirely false bank for
10 years ) until the pyramid scheme finally collapsed upon
itself. The 10-year time frame is significant as it spanned
the administration of three different parties in power in the
Dominican Republic. Also significant is the fact that to
date only six Baninter executives have been charged with any
type of wrongdoing. Over a year and a half has passed since
charges have been brought against those six, yet a trial
against all or any is nowhere near commencement. The case
languished with a three-person appeals board for more than a
year, due to defense challenges of the judges, who much
consider the preliminary question of whether sufficient
evidence exists against any of the six defendants to continue
to trial.
7. (SBU) Looking solely at the failure of Baninter, it is
clear that: 1) although banking oversight regulations were in
place, they were ineffective, 2) that banking mismanagement
and fraud knows no political party, 3) that the judicial
system is as yet unable to cope with complex fraud cases and
is subject to outside pressures that ensure that banking
cases do not move forward through the judicial system. The
USG should not invest the pension funds of its employees in a
system that has such severe flaws.
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More than one: Bancredito and Banco Mercantil
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8. (SBU) If these practices were limited to one bank,
perhaps the bank could be considered an anomaly – a blip on
the screen or a mistake that the Dominican government sought
to correct. However, three significant banks failed in 2003,
not just Baninter, eventually costing the equivalent of 20
percent of the Gross Domestic Product. Bancredito and Banco
Mercantil were engaged in similar «false bank» schemes that
led to their failure and eventual buyout and take over.
Bancredito is now owned by Grupo Leon and known as Bank Leon.
Banco Mercantil was purchased by the Republic Bank of
Trinidad and Tobago. In both of these cases, the frauds went
undetected until the Baninter fraud woke up some bank
regulators and they went looking for similar patterns at
other banks. They found them, but again, not until years
after the fraudulent activities had begun.
9. (SBU) In the cases of Bancredito and Banco Mercantil,
the wheels of justice grind even more slowly, so slowly that
there is no discernible movement. So far, formal charges
have been made against only one executive at Banco Mercantil,
none at Bancredito In fact, in November 2003, when the team
of Central Bank lawyers was ready to file criminal charges
directly against the President and Vice President of
Bancredito, it was ordered by then President Mejia to
withdraw the charges.
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Not just failed banks, but a failed system
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10. (SBU) It is important to repeat that the combined
failures of the banks totaled 20 percent of Dominican GDP for
2003 (US $3 billion). The failures triggered an economic
slide that lasted 18 months with the country turning to the
IMF for help. By the regulatory system’s failure to detect,
the fraudulent, criminal activities of three of its banks,
the Dominican Central Bank put itself in a precarious
situation. The Central Bank Governor argued that if the
Central Bank did not guarantee the deposits of the failed
banks above and beyond the guarantees required by law, there
would be a run on the banks. So, in violation of domestic
law justified on the thin pretext that implementing
regulations had not yet been published, the Central Bank and
the Dominican government took the hit and paid 100% on the
deposits. If the regulatory structure had found the flaws
earlier, such extreme measures would not have been necessary.
Some parties continue to question whether the Central Bank
should have guaranteed the deposits beyond the requirements
of the law. Many attribute the Central Bank guarantees as
the Dominican government admitting its complicity in the
banking system failure.
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Regulatory structure and non-transparent transactions
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11. (SBU) In general, four main entities regulate the
Dominican financial sector: the Superintendent of Banks, the
Superintendent of Insurance, Superintendent of Securities and
the Superintendent of Pensions. The banks control the AFPs
(Superintendent of Pensions), the banks own insurance
companies (Superintendent of Insurance), the banks control
most of the seats on the securities exchange (Superintendent
of Securities) and the banks report to the Superintendent of
Banks.
12. (C) The four regulatory authorities generally do not
share information with one another. However, the banks have
stakes in each of the four authorities and take advantage of
their knowledge of what is happening in each area to
circumvent regulations of the institutions. For example,
banks have traded securities through the Securities Exchange
Market to avoid paying taxes and having to meet minimum
reserve requirements. Additionally, they trade bonds among
themselves in a non-transparent process. They have
successfully resisted initiatives to increase transparency in
the bond market. All of these actions are further
indications of insider dealing and corrupt practices by the
Dominican banking industry.
13. (C) Additionally, the top-level management practices of
at least two of the four regulatory entities are highly
questionable. Both the Superintendent of Pensions and the
Superintendent of Securities have made public proposals to
invest AFP funds in financially troubled sectors or projects.
The proposals are inappropriate on two levels: 1) proposals
of this nature should not be made by the heads of oversight
and regulatory authorities, e.g. the Superintendent of
Securities should not be giving investment advice, and 2)
even if making proposals of this type were proper, the
proposals themselves are poor financial risks recognizable to
even novice investors.
14. (C) The Superintendent of Pensions suggested that AFP
funds be used to help finance the debt-ridden and crippled
electricity sector. With lengthy daily power outages in
parts of the country and government debts to the main
electricity companies totaling in the hundreds of millions of
dollars, the electricity sector continues to struggle. It is
seen by most as a financial black hole ) investment in this
sector is like investing at blackjack tables, with little
chance that the electricity producers will hit 21 in the
foreseeable future. The Superintendent of Pensions also
suggested that the pension funds be used for mortgage
financing ) an investment not permitted under the social
security regulations. The Superintendent of Securities
wanted to invest AFP funds in an ill-conceived metro project.
His suggestion to use the pension funds was made after no
other sources of public funds could be identified due to the
staggering cost of a project that would provide minimal
benefits to the Dominican Republic. Fortunately these
proposals have been rejected; however, they are clearly
indicative that the Superintendents either do not know their
jobs or are using their positions to inappropriately attempt
to invest AFP funds in costly and risky projects.
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Scheming by public and private entities ) AFPs at risk
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15. (SBU) As an example of how AFPs are subject to misuse
by both public and private entities, the Monetary Board voted
to order the AFPs to invest in Central Bank certificates of
deposit. The move was made in an effort to use AFP funds to
pay off the certificates acquired by the Central Bank when it
bailed out Baninter ) in essence privately held CDs now
coming due. The move was in direct contravention to the
Social Security law which does not establish Central Bank CDs
as permissible investments by AFPs. That raid by the
government was stopped, in large part due to public outcry by
the business sector (the banks) who were not willing to give
up there own little profit making enterprise.
16. (SBU) The banks had a self interest in preserving for
themselves the profits earned from the Central Bank CDs )
they did not want the government to use the AFPs to buy up
CDs that they could purchase to improve their financial
positions. The Central Bank CDs (at that time) were
attractive to many because they were paying approximately 50%
interest. By contrast, commercial bank CDs paid
approximately 25% interest. With conditions of 30-40%
inflation at the time, the Central Bank CDs were one of the
only investments that offered a significant positive rate of
return on investment when adjusted for inflation. The banks
did not want to allow the government to directly invest AFPs
funds in Central Bank CDs because the remaining alternative
required the AFPs to buy commercial bank CDs. The banks then
took the monies invested by the AFPs in their CDs, and turned
around and bought Central Bank CDs, ensuring that the banks
retained the profits.
17. (C) This example is indicative of the way in which both
government and the banks wish to take advantage of the
relatively new AFP system. The government attempted to have
the AFPs invest in instruments that the law did not deem as
permissible investments and the banks conspired to prevent
direct AFP investment in profitable instruments. Either way
the AFPs lose and so does any employee whose pension is
subject to the AFPs.
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Lack of Confidence ) defrauding the stakeholders
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18. (C) The insider games played by the banks in the
Dominican Republic have led to eroded confidence in the AFP
system. The labor representative to the Dominican Social
Security System told us that of the 1.2 million Dominicans
allegedly enrolled in the AFP system, payments are being made
on behalf of only 500,000 of them. He added that of the
payments being made, many are only partial payments.
Employees are unable to monitor whether their employers are
transferring money supposedly deducted from their salaries to
be placed in the pension funds. Employers have caught on to
the lack of regulation and oversight and commonly underreport
salaries so that their AFP employer contributions are lower.
Although the USG would comply with all rules and regulations,
the pervasive fraud by the business sector in regard to the
AFPs weakens the system.
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What our sources tell us about fraud and corruption
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19. (SBU) Throughout a very busy 2003 and 2004 when the
bank frauds were discovered and made public, Embassy officers
heard over and over again that those responsible would not be
punished. We were told that the cases would be swept under
the rug and would disappear from memory soon. We were told
that the bank executives paid off everybody, political
leaders in all parties, business associates, and
non-governmental organizations (who accepted funds not
knowing of the fraudulent activities), to ensure that they
would not be subject to penalties. Consistently we were told
that the judicial system could not handle cases of complex
fraud and that those charged had the means to ensure that
they would not be found civilly or criminally liable. Those
early words from Dominican counterparts at all levels of
Dominican society now sound prophetic. The banking failures
are no longer headline news, those few charged with criminal
activity remain free, civil cases are not moving forward and
for the Dominican on the street, Baninter is already a
memory. In recent public comments, President Fernandez
avoided mention of «fraud» or criminal activity in the
banking sector, mentioning instead poor economic management
by the previous government and mistaken policies by bank
managers.
20. (SBU) We hear similar comments about the banks and
AFPs. «The AFPs are a good idea, but they are being
manipulated.» «The banks have too much power throughout the
financial sector.» «You cannot count on the AFPs for a
pension.» The fraud and corruption that take place in the
Dominican Republic ensure that U.S. taxpayer money placed in
AFPs will be placed in the hands of white collar criminals
who have little fear of being caught or prosecuted.
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What it means to USG employees
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21. (SBU) Although no longer headline news, the bank
failures weigh heavily on the minds of some Dominicans )
particularly those of the relatively small middle class. The
wealthy have their investments in the Dominican Republic and
overseas (in dollars and not affected by the local economy),
the poor have no investments and the middle class have lost
the most and have the most to lose. That is where the USG
locally engaged staff fit into the picture. Most are from
the small and struggling middle class ) they are the most
likely to feel the affects of bank failures and pension
losses. They are not in a position to make overseas
investments in dollars, nor would they have adequate
retirement support without adequate pensions. Pension funds
in the United States are not guaranteed to grow to the level
necessary to support our local staff, but they represent a
far better risk than investing in the local bank-controlled
AFPs. Our locally engaged staff has made it clear that they
do not want to risk their retirement funds in a system in
which Dominican banks control their future; the overwhelming
majority voted in November 2003 to pursue this request for
putting their funds into the Global Plan, despite the
possibility that the request could be turned down.
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Banks not just in the banking business
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22. (SBU) In some countries, where oversight or regulatory
boards are ineffective, as it is in the case of the banking
industry in the Dominican Republic, the press can be relied
upon to take over the «watchdog» role. That is not the case
in the Dominican Republic. Even if the press had staff
qualified to delve into the minutiae of banking regulation,
the Dominican media outlets are owned and controlled by the
Dominican banks. Lack of reporting or under-reporting on the
failed banks mentioned above clearly demonstrated the
unwillingness of the bank-owned media to report on negative
bank dealings. There is no reason to expect that the press
would serve as a watchdog on other bank dealings, such as
those with the AFPs.
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Corruption ) at all levels and for all purposes
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23. (U) The AFPs, the banking industry, the financial
sector and the press are permeated by the norms of Dominican
society. Corruption is a way of life in the Dominican
Republic. In the most recent Transparency International
Perception index issued in October 2004, the Dominican
Republic scored a 2.9 on a scale of 1 to 10 ) tying with
Iran and Romania and ranked worse than China, Jamaica,
Colombia, Mexico, Cuba, El Salvador and Belize. In the
latest version of the World Economic Forum National
Competitive Index, under the sub-category «Irregular Payments
in Government Policymaking,» the Dominican Republic ranked
90th out of 102 surveyed countries, worse than Nigeria, Kenya
and Panama.
24. (C) Low scores in international rankings on corruption
don’t compare with seeing and hearing of corruption on a
daily basis. The current District Attorney for Santo Domingo
was recently in the news when it was discovered that he was
driving an SUV reported stolen in the United States. We have
credible information that the Vice President of the Supreme
Court accepts bribes. We know that members of the military
and police are involved in smuggling of drugs and people. We
requested and received Department concurrence in the
revocation of visas of high-ranking (including cabinet-level)
government officials. We continue to closely monitor ongoing
corruption cases in hopes that they will be more successful
than prior corruption cases brought before the Dominican
courts (see paragraph 25 below).
25. (SBU) Corruption touches all strata of society. What
is most disturbing, however, is the high level corruption by
businesspersons, government officials and members of the
judiciary. Anecdotal evidence of this type of corruption is
heard on every street corner and at every gathering in the
country. Obtaining proof and convictions is a different
matter. In a USAID funded study, a Dominican civil society
organization documented 227 corruption cases that entered the
judicial system between the years of 1983 and 2003. Of those
cases, only one resulted in a conviction (later overturned on
appeal) and only six even made it to trial. The system is
broken, putting U.S. taxpayer money into it will result in
significant losses.
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USAID’s role with the AFP system
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26. (SBU) In Ref B, Embassy Santo Domingo explained that
USAID was well-positioned to judge whether the Embassy should
participate in the LSSS because of USAID’s role in helping
develop the system. USAID provides technical assistance to
and works, as a partner, with the Dominican Government as a
whole and, more directly, with the regulatory bodies. USAID
provides significant financial support to the civil society
organizations that monitor, identify, document and attempt to
combat corruption. Although USAID’s ultimate goal is to see
a pension system and a government regulatory structure that
will succeed, USAID has unique insights into the widespread
corruption and the failings of the system.
27. (SBU) A significant part of USAID’s portfolio is to
combat corruption by identifying it and strengthening
government institutions, regulatory bodies and civil society
groups so that they can resist and fight corruption. USAID
is deeply involved in analyzing institutional weaknesses,
advocating improvements and marshaling support for them
through local non-government organizations, and providing
training (for example, courses for new judges at the judicial
school). USAID funding made possible the analysis of
judicial results on corruption cases. These efforts and
contacts give USAID and Embassy Santo Domingo an inside view
as the USG seeks to alter Dominican practices. As of now,
Dominican institutions and the government have not
demonstrated sufficient evidence of political will to
implement reforms to warrant entrusting our pension funds to
them.
28. (SBU) In terms of knowledge about the AFP system, USAID
has a technical advisor at the Ministry of Finance who helped
the government and the private sector design the Securities
Exchange Market. As a result, USAID has extensive knowledge
of how the regulatory institutions that oversee the LSSS
function, and USAID representatives meet regularly with many
of those institutions to discuss ways of strengthening the
institutions (which gives USAID insights into the weaknesses
of those institutions).
29. (SBU) Recently, the labor representative to the
Dominican Social Security System, approached USAID to seek
support for legislation that would require greater
transparency in the AFP system. The legislation seeks to
give employees greater access to information about
investments that the AFPs are making and greater information
about employer contributions to the AFPs. Due to funding
limitations, USAID is not able to provide the requested
support.
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Conclusion
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30. (SBU) AFPs in the Dominican Republic put U.S. taxpayer
money and the future financial well-being of USG employees at
extreme risk. Corruption, self-dealing, insider trading and
the non-transparency of regulatory entities guarantee that
U.S. taxpayer money will be siphoned off in one way or
another by unscrupulous and potentially criminal business
practices. The USG should not invest its funds in such a
system. Embassy Santo Domingo reiterates its request to
terminate its existing pension plan and its request for
Department concurrence to place locally engaged staff pension
monies into US based pension funds.
HERTELL
