Wilson Camacho: El Ministerio Público es garante del Estado de derecho
Camacho aseguró que siempre que les solicitan información, el Ministerio Público responde la entrega. “Nosotros somos, repito, guardianes del debido proceso y nos interesa que las defensas estén en condiciones de echar el pleito porque nosotros estamos dispuestos a echarlo”, apuntó.
Camacho se refirió al tema, al responder preguntas de los periodistas que lo abordaron luego de que el citado tribunal, presidido por la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, dispusiera que continúe la entrega de documentación que inició el Ministerio Público en respuesta a la solicitud de imputados del proceso por corrupción administrativa derivado de la Operación Medusa.
“En el día de hoy se conocieron dos audiencias de resolución de peticiones. El tribunal ha reconocido lo que nosotros hemos venido diciendo, que somos garantes del Estado de derecho”, expuso Camacho.
La jueza Ramírez de la Cruz conoció peticiones del imputado Alfredo Alexander Solano Augusto, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y de Javier Alejandro Forteza Ibarra, ex director de Tecnología de la Información y la Comunicación.
Camacho aseguró que siempre que les solicitan información, el Ministerio Público responde la entrega. “Nosotros somos, repito, guardianes del debido proceso y nos interesa que las defensas estén en condiciones de echar el pleito porque nosotros estamos dispuestos a echarlo”, apuntó.
Dijo que los imputados “pidieron al tribunal que hiciera solicitudes por ejemplo a instituciones y eso es una facultad que el tribunal no tiene, incluso viola el principio de separación de funciones, y así lo ha reconocido el tribunal”.
Camacho representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Mirna Ortiz y Emmanuel Ramírez.
El pasado 29 de marzo el tribunal le otorgó una prórroga de tres meses al Ministerio Público, contado a partir del pasado 8 de marzo, para presentar la acusación formal en contra del exprocurador Rodríguez Sánchez y los demás involucrados en la red de corrupción.
Rodríguez Sánchez, Forteza Ibarra y el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, la cual les fue ratificada en marzo pasado durante la revisión obligatoria de la medida de coerción.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.