SANTO DOMINGO.- Luego de casi cinco años del escándalo de Odebrecht en el país, donde se realizaron arrestos a connotadas figuras del ámbito político, de las 14 personas detenidas en el 2017, solo seis permanecen los imputados en el sonado caso de corrupción que esta semana tendrá el fallo en primera instancia.
Las investigaciones comenzaron con una larga tanda de interrogatorios. El 26 de diciembre de 2016 fue el día en que el entonces procurador Jean Alain Rodríguez anunció que abrió una investigación formal sobre los sobornos que Odebrecht pagó en el país. Dos días después, comenzaron los interrogatorios preliminares donde en enero fue entrevistado.
Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en el país; luego continuaron con funcionarios, políticos y empresarios hasta abril del 2017.
El 29 de mayo de 2017, se produjeron arrestos por el caso, donde la Procuraduría General de la República realizó un audiovisual con imágenes del proceso de detención. Dentro de los arrestados que fueron trasladados a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva figuraban:
Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Temístocles Montás, exministro de Economía quien puso a disposición del entonces presidente Danilo Medina su cargo como ministro de Industria, Comercio y Mipymes, y solicitó su suspensión temporal como miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Roberto Rodríguez, exdirector del Inapa.
Radhamés Segura, exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE. Solicitó al PLD una licencia de la membresía de sus comités Político y Central.
César Sánchez, exadministrador de la CDEEE y miembro de la comisión que investigaba la adjudicación de Punta Catalina.
Ruddy González, exdiputado por el PRD. Fue miembro de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.
Ángel Rondón, empresario y representante de Odebrecht.
Máximo D’ Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).
Conrado Pittaluga, abogado y notario.
En el país, Odebrecht admitió el pago de 92 millones de dólares en sobornos para agenciarse contratos de obras públicas, conforme registra un documento de la justicia estadounidense.
Su representante en el país era Ángel Rondón, principal imputado en el juicio de fondo. Ese dinero, Rondón alegó que lo recibió como pago por sus servicios de enlace comercial de la compañía
Esta imputación provoco que el órgano acusador solicitara medida de coerción al juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco, consistente en prisión preventiva.
El 7 de junio, el juez Ortega Polanco, dispuso que en Najayo Hombres, Conrado Pittaluga y Víctor Díaz Rúa cumplieran nueves meses de prisión preventiva; Temistocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, seis meses, Cesar Sánchez y Maximo De Óleo, tres meses.
Los demás imputados por el caso Odebrecht, Radhamés Segura y Roberto Rodríguez fueron condenados a nueve meses de arresto domiciliario.
A los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, y al diputado Alfredo Pacheco, se les condenó al pago de una fianza de 5 millones, presentación periódica e impedimento de salida como medida de coerción.
El 08 de julio Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia variaron las medidas de coerción a siete de los implicados Mientras, continuarán en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Hombres, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón.
El 2 de agosto se entregó el 14 de los imputados Beranardo Castellano al exdirector Egehid.
En septiembre de 2019, el procurador general de la Corte de Apelación, Narciso Escaño, en calidad de interino emitió autos de archivo definitivo, firmados por él y por el entonces procurador general, Jean Alain Rodríguez, que beneficiaron a ocho de los investigados en la primera etapa del caso.
Al asumir Miriam Germán como procuradora general, se inició una nueva investigación, y el 14 de enero de 2021, el juez Alejandro Vargas dictaminó que nunca existieron los archivos definitivos. La Procuraduría anunció más investigaciones que llamó Odebrecht 2.0.
El caso se mantuvo en la jurisdicción especial hasta septiembre del 2020, luego que el expediente fuera remitido a la jurisdicción ordinaria siendo apoderado el primer tribunal colegiado del Distrito, donde hasta la fecha se conoció el juicio de fondo.
Los abogados de la defensa solicitaron al tribunal su absolución por insuficiencia de pruebas, el cese de la medida de coerción y el rechazó al decomiso de sus bienes.
Mientras que el Ministerio Público reiteró su culpabilidad en el entramado de corrupción.
