Las últimas noticias sobre la multinacional brasileña que desde hace tres años revolotea la política en América Latina, arrastrando líderes a la prisión, al exilio, al suicidio, a la justicia y al descrédito:
1-La Policía Federal halló cuatro claves que pudieran abrir carpetas blindadas del sistema Drousys con el que Odebrecht manejaba sus pagos sosterrados en países donde admitió el pago de soborno; 2-La empresa se acogió en Estados Unidos a la protección del capítulo 11 de la ley de quiebras de ese país, haciendo extensiva la misma solicitud bajo la que se está manejando en Brasil.
Antes habían corrido otras notas: 3- Quedó cesada la protección con la que Estados Unidos mantenía en su territorio, prófugo de la justicia peruana, al expresidente Alejandro Toledo, consintiendo su extradición; 4-El Tribunal Electoral de Colombia aprobó que fuera sometida a investigación el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, por supuestos aportes de Odebrecht recibidos en su segunda campaña.
Ninguna de esas informaciones es más dramática que la del suicidio del expresidente Alan García, ocurrida en abril de este año, momento en que se ejecutaría una orden de apresamiento, que lo sumaba a otros ex mandatarios y líderes de su país que se encuentran privados de libertad.
Aunque colocarse bajo la protección de la ley de quiebras pueda ser remedio para varios males, más que a la repercusión que pudieran tener las informaciones que se extraigan de las carpetas drousys aún cerradas, está enlazado con lo que ya la empresa había solicitado en Brasil en el mes de junio.
Al colocarse en ambos lugares bajo ley de quiebra, la empresa se libera de ataques judiciales de terceros y tiene oportunidad de llevar su plan de reestructuración financiera sin que peligre el patrimonio de sus accionistas. Se ha comprometido a la venta de activos estratégicos para responder a las acreencias que estaba imposibilitadas de honrar con un flujo de caja menor a los compromisos de pago.
No cabe dudas que detrás de la decisión están los cerebros financieros del la empresa, que de seguro en Estados Unidos son los mismos que varias veces han sobrellevado situaciones similares de las empresas que encabeza el presidente Donald Trump, al que Hilary Clinton le enrostró en varios debates haberse protegido por ley de quiebra y respondió que no hizo otra cosa que lo que la legislación de su país permite.
A finales del 2016, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reveló que Odebrecht había admitido el pago de coimas en 12 países, me llamó la atención que en esos momentos la multinacional estaba presente en 27, y que sólo hubo sobornos en dos países africanos, Angola y Mozambique, y diez latinoamericanas: Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Guatemala, República Dominicana y Panamá. Cero soborno en Estados Unidos y en Europa.
Evidentemente que esa expansión de Odebrecht, que para los fines de Estados Unidos, era una expansión de Brasil que podía tener un impacto adverso por la presencia de ese país en el grupo de los BRICS, ameritaba de control, y le metieron investigación e inteligencia para rastrear todo lo que había detrás, descubriendo todas las informaciones que ahora van liberando conforme a sus intereses.
Ahí reside la caja de sorpresas que cualquier momento produce informaciones que están fuera de los controles de las agendas políticas y mediáticas locales, porque el taller de noticias Odebrecht es made in USA.