SANTO DOMINGO.- La acusación del Caso Medusa sigue blindada y después de que los fiscales presentaron la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público viene acumulando cientos de nuevas pruebas, testimoniales y documentales, que evidencian un sistema de sobornos y de chantaje escandaloso que operó la gestión del imputado Jean Alain Rodríguez desde la Procuraduría General de la República.
La afirmación la hizo la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, al explicar que el sistema de sobornos y chantaje incluía desde abrir los sobres de los oferentes en las licitaciones hasta chantajear a empresarios suplidores y recibir pagos de sobornos.
Reynoso dijo que el Ministerio Público tiene, obtenidas con las correspondientes órdenes judiciales, desde grabaciones hasta conversaciones por mensajería que evidencian los hechos imputados e incluyen “hasta las copias de los cheques que se pagaron”.
Explicó que, en su momento procesal, el Ministerio Público establecerá y reiterará todos los términos de su imputación inicial, además de las actividades delictivas que se han agregado.
“¿Ustedes saben lo que es que alguien vaya a la Procuraduría a buscar una ayuda y lo que haga la Procuraduría es que le roba la identidad (a la persona) y le haga un contrato falso?”, cuestionó Reynoso en conversación con representantes de la prensa.
Dijo que se trata de hechos muy graves, en los que la Procuraduría General de la República, representada en aquel momento por los hoy imputados del Caso Medusa, “no solo destruyó toda la data del Ministerio Público, su data histórica”, sino que generó un perjuicio y creó un riesgo procesal enorme.
Recordó que incluso “la data de extradiciones fue destruida”. “Reiteramos que los imputados hicieron un entramado de sobornos y de extorsión que, reiteramos, en su momento, el Ministerio Público, esas evidencias las va a presentar”.
Reynoso recordó que el Ministerio Público también tiene las pruebas sobre las imputaciones relativas a todas las maniobras fraudulentas y a los vicios de construcción de recintos carcelarios del denominado Plan de Humanización. “Maniobras fraudulentas que llevaron a que esos presupuestos se ejecutaran por montos exorbitantes, producto, sobre todo, de ese esquema (diseñado) para distraer los fondos del Estado”.
“Cuando nosotros decimos que fueron sobrevaluados de forma escandalosa lo del plan de humanización, es porque (…) el Ministerio Público tiene esas evidencias en sus manos”, enfatizó Reynoso, quien encabeza la investigación y litigación del Caso Medusa, junto al procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Reynoso se refirió al tema al salir de la audiencia en la que las juezas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, reenviaron para el próximo martes el conocimiento de un recurso interpuesto por el exprocurador Rodríguez y Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría.
El tribunal aplazó el conocimiento del recurso de apelación para el próximo martes 7 de septiembre a las 9:00 de la mañana, luego de acoger la petición de la defensa del exprocurador Rodríguez, a la que se adhirió la representación legal de Forteza Ibarra.
“La decisión del tribunal pone en evidencia lo que el Ministerio Público había dicho, y es que una defensa que se pasa semanas haciendo un media tours y hablando sobre un proceso, aquí admite que no lo conoce”, dijo Reynoso.
“Lo que ha hecho el tribunal es garantizar el derecho de defensa, porque ante una confesión de la barra de la defensa, de que no conoce los medios, de que no ha podido conocer su propio recurso, lo que nosotros sí decimos, que es vergonzoso y penoso que una defensa, que recurrió aproximadamente hace un mes, que reitero, que anda de medio de comunicación en medio de comunicación, hablando, supuestamente de la imputación, dice entonces en el tribunal no conocerlo”.
El tribunal dispuso que la Dirección del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, San Cristóbal (CCR-20) habilite un espacio físico para que los días jueves 2 y viernes 3 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, los abogados de los imputados Rodríguez y Forteza puedan acceder al recinto penitenciario para conciliar los aspectos relativos a la defensa material y técnica. También, que la Dirección del CCR-20 permita a la defensa técnica de los imputados el acceso al recinto penitenciario portando una USB con la cintila probatoria que indicaron al tribunal y un ordenador, tipo laptop, bajo la observación técnica de la autoridad del recinto.
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