SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) firmó un acuerdo de cooperación con el objetivo de “brindar soporte al Intrant en la detección de anomalías y actividades ilícitas relacionadas con el tráfico y la seguridad vial, basándose en investigaciones realizadas por Aurix”. 

Por otro lado, el Intrant se comprometía a proveer a Aurix “la información y especificaciones necesarias para el desempeño de su labor de investigación”.

El acuerdo fue firmado el 23 de julio de 2020 con una extensión de cuatro años entre la entonces directora del Intrant, Francesca de los Santos, y el director de Aurix, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), justo un mes después del acuerdo firmado entre el MIDE y Aurix, el cual el Ministerio Público calificó en el expediente de solicitud de medida de coerción del caso Camaleón como “oculto y de malas intenciones”. 

Esta sería la segunda razón social de Jochi Gómez que firmó un acuerdo con el Intrant, toda vez que Transcore Latam logró una licitación que se encuentra bajo investigación del Ministerio Público para el plan de modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, tres años después de la firma de este documento.

AURIX S.A.S., una empresa vinculada al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), aparece como un actor clave en actividades ilegales de inteligencia y espionaje en la República Dominicana. Según el expediente, esta empresa firmó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) el 23 de junio de 2020, con una vigencia de 12 meses, bajo el liderazgo de Rubén Darío Paulino Sem, quien era ministro de Defensa en ese momento. Este acuerdo facilitó la participación de AURIX en tareas de recopilación y análisis de información sensible, relacionada con la seguridad nacional.

El problema con el acuerdo entre el MIDE y Aurix, según el Ministerio Público, es que no se encontraron registros oficiales del acuerdo dentro del MIDE ni de los pagos o relaciones formales con AURIX. Un oficio emitido el 21 de marzo de 2024 por el entonces ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, y respaldado por los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, confirmó la inexistencia de vínculos oficiales entre la empresa de Gómez Canaán y el Ministerio de Defensa.

Además, se descubrió que alegadamente AURIX usurpaba las atribuciones de otras agencias estatales, como la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, llegando a instalar sistemas de videovigilancia con el uso indebido de logotipos oficiales.

La Policía Nacional confirmó, en una comunicación del 4 de octubre de 2024, que no existía ningún convenio o acuerdo con AURIX, lo que refuerza las acusaciones de que esta empresa operaba al margen de la ley, utilizando sus conexiones y acceso privilegiado para actividades ilícitas.

El papel de AURIX en el caso Transcore Latam no solo involucró propietario en la supuesta licitación fraudulenta del sistema semafórico, sino también en actividades de espionaje y manipulación de información confidencial, comprometiendo la seguridad nacional. Este acuerdo ilegal, según la Procuraduría, entre AURIX y el Ministerio de Defensa fue clave para que Gómez Canaán expandiera su red de control y vigilancia dentro de las instituciones estatales, utilizando su empresa como fachada para estas operaciones ilícitas, según el expediente acusatorio en su contra.

El acuerdo con el Intrant

Al igual que el acuerdo con el MIDE, este también establece estrictas disposiciones sobre la confidencialidad de la información proporcionada. Cualquier dato obtenido a través de las investigaciones de Aurix se considera confidencial y no podrá ser utilizado fuera del contexto del acuerdo sin el consentimiento previo de ambas partes. Asimismo, las partes están obligadas a implementar prácticas para garantizar la protección de la información sensible.

En otro orden, Aurix y el Intrant reconocen que toda la información generada y compartida durante el acuerdo pertenece a ambas partes, pero su uso está restringido a los fines del acuerdo, especialmente en la investigación de actividades ilícitas y el monitoreo del tráfico vehicular.

El acuerdo tiene una duración inicial de cuatro años, con la opción de ser renovado si ambas partes lo consideran necesario. Durante este periodo, Aurix se compromete a colaborar activamente con el Intrant en las investigaciones relacionadas con la seguridad vial y el flujo vehicular, proporcionando informes periódicos y datos relevantes para la mejora del sistema de tránsito en el país.