Los efectos provocados en el país por el paso de la tormenta tropical Laura han puesto de manifiesto, nuevamente y de forma penosa, las grandes carencias y condiciones de alto riesgo en que viven muchas familias en el país, por lo que son las más expuestas a daños y perjuicios cada vez que surge un fenómeno atmosférico.
Con sus ráfagas y la gran cantidad de lluvias que traen consigo, estas perturbaciones tienen una acción de amplio espectro, pero es en las zonas más vulnerables donde se producen generalmente los trágicos balances y también los mayores daños materiales en términos de viviendas y pertenencias.
Esto se debe en gran medida a que personas de exiguos recursos económicos se ven obligadas a vivir en endebles casas sin la más mínima seguridad y con agravante que en no pocas ocasiones están situadas en zonas que sufren grandes inundaciones cada vez que llueve con intensidad.
A pesar de las advertencias que se hacen periódicamente sobre el grave peligro que genera esta situación y las recomendaciones que se formulan para que la gente no viva cerca de riberas de ríos y cerca de cañadas, lo cierto es que muchos no tienen en realidad otra opción o posibilidad.
Todo esto forma parte de una deuda social acumulada y en constante crecimiento, debido a las desigualdades económicas y la falta de equidad en muchas de las políticas públicas y por las promesas postergadas y casi siempre incumplidas por parte de la dirigencia política y los partidos que llegan al poder.
Las ayudas a las familias damnificadas llegan coyunturalmente a raíz de los fenómenos atmosféricos, pero resultan insuficientes y apenas contribuyen a mitigar las penurias del momento, en gran parte porque el Estado no dispone de los recursos necesarios para asistir a todo el que necesita.
Recientemente vimos el caso de familias afectadas por el paso de la tormenta Isaías que fueron sorprendidas por Laura virtualmente a la intemperie en Hato Mayor, porque no habían contado aún con los medios para reacomodarse en un ambiente digno y seguro.
La lucha efectiva contra la corrupción administrativa y la aplicación de un uso eficiente y racional de los recursos públicos puede ser un factor determinante para que la deuda social puede comenzar a ser combatida, aunque claro está, de forma gradual porque las penurias acumuladas son inmensas.
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