SANTO DOMINGO.- En medio de reclamos de abogados y familiares que defendieron la integridad de los acusados, la Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó el conocimiento de solicitud de medida de coerción a l4 señalados por su presunta participación en una red de narcotráfico internacional y lavado de activos, desmantelada a través de Operación Larva.
Decenas de familiares y amigos que se apostaron a las afueras de la fiscalía, definieron a sus parientes como honrados y trabajadores.
Abogados de la defensa afirmaron que el Ministerio Público busca vincular a sus defendidos a un alijo de droga ocupado en 2020 en Nigua, como una forma de saciar la sed de justicia que tiene la población.
En tanto, la fiscal titular de la Procuraduría Especializada de Antilavado en San Cristóbal, Ramona Nova Cabrera, dijo que continúan en proceso de investigación del caso.
La audiencia fue aplazada a los fines de que los abogados preparen la defensa, y para citar a personas jurídicas que están puestas en causa y no fueron convocadas por el Tribunal.
Entre los señalados se encuentran Jorge Luis y Sarai Esther Herasme Estrella, María Mercedes Ramona Estrella, Luis Herasme Peña, Ángelo y Elizabeth Spataro Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes, Luis Jiménez, Miguel Ramón Santos Comprés, Yira Mariela Zimmermann, Rusber José Suárez, los hermanos José, Joivel y James González Cubilete para los cuáles el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción y que el caso sea declarado complejo.
Según el órgano persecutor, los supuestos integrantes de la red habrían colocado en el sector inmobiliario, las ganancias irregularmente obtenidas producto de las actividades propias del crimen organizado.
Según el Ministerio Público, el grupo adquiría a través de familiares de los principales miembros de la estructura y mediante la utilización de compañías fantasmas, inmuebles suntuosos en sectores exclusivos del Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como también vehículos de alta gama y armas de fuego de alto y bajo calibre.
La solicitud de medida de coerción indica que entre los mismos miembros de la red criminal se enviaban remesas como una forma de circular dinero a través de operaciones, además de intermediaciones financieras sin estar autorizadas por la Superintendencia de Bancos.
El Ministerio Público asegura que la organización criminal está vinculada a una red de narcotráfico denominada Corona que el 16 de marzo del 2020 introdujo al país más de 700 kilogramos de cocaína, por la costa de Nigua, en la provincia San Cristóbal, en una embarcación proveniente de Colombia.
La próxima audiencia está pautada para el viernes 5 de noviembre a las 9 de la mañana.
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