Recientemente me comentó un amigo que “en cualquier país donde la justicia beneficie a los malandrines, tener razón o tener derechos siempre será un peligro”. Y ayer lo recordé al conocer que el presidente de la Cámara Civil y Comercial de la provincia Santo Domingo ordenó suspender la adjudicación de los activos de Aster Comunicaciones al Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), licitados en marzo pasado por la Comisión de Liquidación Administrativa de Baninter.
La referida licitación fue cuestionada únicamente por una empresa que incumplió con los términos de referencia al punto de no poder demostrar liquidez ni solvencia propia ni evidencias de estar en operaciones o en capacidad de asumir la gerencia de Aster, una compañía de televisión por cable.
Ante el escándalo intentado por esa empresa descalificada, el Banco Central y la Comisión recibieron un inusitado espaldarazo público de los demás licitantes cuyas ofertas estuvieron por debajo de la del CEPM. Y esas empresas, solventes y con prestigio, son nada menos que Codetel, Tricom y Wind Telecom, o sea que los líderes de las telecomunicaciones reconocieron públicamente la diafanidad y transparencia con las que se realizó la licitación y posterior adjudicación.
Pero ayer el magistrado Rafael Delfín Pérez y Pérez sentenció suspender la adjudicación hasta que intervenga una sentencia definitiva e irrevocable de la demanda principal de nulidad de licitación incoada por la empresa Servicios Ampliados de Teléfonos (Satel), de los mismos propietarios del Grupo Telemicro y Distribuidora Gómez Díaz.
Satel ha alegado una supuesta falta de transparencia y discriminación, por considerar la licitación como violatoria al artículo 50 de la Constitución de la República, que consagra la libertad de empresa, pese a que todas las demás empresas licitantes que sí cumplieron los requisitos –entre ellos evidenciar estar legalmente constituidas y poseer referencias de solvencia- elogiaron la manera en que el Banco Central y la Comisión llevaron a cabo ese proceso.
Además, la empresa privada que auxilió a la Comisión, Grant Thornton, de reconocido prestigio, avaló la licitación y adjudicación y explicó los motivos de la descalificación justificada de Satel, por incumplir los requisitos de referencia.
A mí me parece sumamente decepcionante que una instancia judicial se preste para hacerle el juego a un reclamante a todas luces descalificado, pero con abundantes padrinos oficiales. El mensaje a los inversionistas es terrible. Ojalá se impongan la cordura y el derecho.
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