SANTO DOMINGO.- Existen, aproximadamente, más de 50 millones de personas en el mundo diagnosticadas con epilepsia, cuya cifra convierte esta enfermedad neurológica en una de las más comunes, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
En República Dominicana, la gran cantidad de personas afectadas por esta condición, todavía hoy en día, su calidad de vida se ve perjudicada por el estigma social.
Los tratamientos utilizados para el bienestar de los pacientes pueden ayudar a mejorar la funcionalidad y su independencia, pero es muy baja la cantidad de afectados que cuenta con los recursos económicos correspondientes para subsistir con esta enfermedad, por el alto costo de los medicamentos para tratarla.
A pesar de que este 24 de mayo es considerado el Día Nacional de la Epilepsia, creado por la Asociación Andaluza de Epilepsia (APICE), con la finalidad de informar a la población sobre esta enfermedad y la realidad de las necesidades de los pacientes que padecen esta condición, la abundancia de mitos y la desinformación prevalece en la sociedad dominicana.
Las convulsiones epilépticas conllevan muchas causas, como la predisposición genética o padecer algún tipo de anomalía o lesión cerebral.
Así lo indicó el Neurólogo-Epileptólogo Francisco Javier Taveras, quien señaló que cuando una persona es diagnosticada con esta condición la vida le cambia repentinamente, producto a que esta enfermedad se asocia con diferentes factores que afecta el bienestar emocional, tanto del paciente como de sus familias, por el miedo, incomprensión, discriminación, falta de concientización, tabúes y la desinformación de la sociedad.
Taveras resaltó que los fármacos antiepilépticos representan un costo importante en la economía de los pacientes y sus familiares, porque muchos de los fármacos anticrisis no cuentan con una cobertura del Sistema de Seguridad de Salud del país, por lo que representa una gran carga para los que padecen la enfermedad.
Ante esta situación, el especialista considera que se debe crear un plan social de trabajo contra la epilepsia, donde se cuente con programas y legislación para la atención de las personas que viven con esta condición, para la protección de sus derechos.
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