El principio de igualdad ante la ley es fundamental en una sociedad democrática para garantizar justicia y un estado de derecho en el que nadie pueda acogerse a tratamientos de excepción para violentar esos fundamentos.
Ese compromiso concierne a todos los ciudadanos y en mayor medida a los funcionarios en todos los estamentos del Estado porque como dice el pueblo, la ley entra por casa y está llamada ser ejemplo.
Por esas razones resulta vergonzoso e injustificable el incidente que se originó entre agentes policiales y una fiscalizadora que ignoró un llamado a detenerse cuando conducía un vehículo sin placa en Higüey.
La fiscalizadora no podía invocar su condición para ignorar a una autoridad que, en el uso de sus facultades, había detectado un vehículo sin identificación y mucho menos resistirse y desafiar a los agentes que procedían a detenerla cuando estaba en abierta violación de la ley.
Viendo lo ocurrido con frialdad y desde diferentes ángulos, también hay que observar y administrar adecuadamente los protocolos sobre el uso de la fuerza para someter una persona a la obediencia y el video captado sobre el incidente presenta sus diferentes momentos.
En este caso, aunque alterada, ya la fiscal o fiscalizadora estaba dentro del destacamento.
Los policías podían haberse comunicado con la fiscal encargada para que mediara en esta situación y así evitaban tener que ponerle las esposas, que es algo que ocurre normalmente durante un arresto.
Queremos miembros de la policía que sean enérgicos a la hora de aplicar la ley a todo el mundo, pero para ello también tenemos que estar dispuestos a colaborar.
Igualmente queremos policías bien entrenados para que sepan lidiar con situaciones tensas, que pueden salirse de control, tal y como ocurrió en este caso.
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