SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con el agua al cuello se ha visto el gobierno en la opinión pública desde la semana pasada, tras la lluvia de críticas de todos los sectores por el nombramiento del nuevo ministro consejero encargado del área consular en Belladere, Haití. Hablamos de un diplomático con suerte, Andrés Bocio Fortuna, quien siendo cónsul en esa ciudad en el año 2007, fue señalado como uno de los organizadores de un fallido viaje a España. Poco después, fue destituido de su cargo al ser investigado por supuesta falsificación de visas.
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Hace apenas cuatro meses, Bocio Fortuna reapareció en la palestra pública, al ser detenido en el sur, cuando transportaba en una jeepeta 15 haitianos indocumentados. La pregunta colectiva es ¿Por qué en ninguno de estos casos se ha iniciado un proceso judicial en contra del hombre, que recientemente fue premiado con el mismo puesto que precisamente desató la ola de cuestionamientos en sus contra?
Ni una investigación en la Cancillería por falsificación de visas, ni ser detenido con 15 indocumentados haitianos frenó su nombramiento.
Desde el jueves hemos intentado conseguir el resultado de la investigación de la Procuraduría General de la República, que el propio Magistrado Frank Soto nos dijo reposaba en los archivos de esa institución, para verificar porque el caso no fue judicializado. Aún estamos esperando que aparezcan los documentos. Igual, como dije anteriormente, ocurrió en el Ejército con el incidente de mayo y los nacionales haitianos indocumentados.
Experto en materia penal dicen que no todo está perdido con relación a una acción penal, ya que este tipo de delito no prescribe hasta los 10 años.
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