SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Por la naturaleza de sus funciones y responsabilidades, las personas que asumen puestos públicos u oficiales tienen la obligación más que cualquier ciudadano común de respetar las leyes y evitar a toda costa incurrir en faltas por menores que sean, pero especialmente aquellas que entrañan delitos de carácter criminal.
Los funcionarios que defraudan la confianza en ellos depositada y que se les comprueba la comisión de hechos punibles deben recibir, sin excepción o excusas, sanciones ejemplarizadoras.
Hay sin embargo, individuos como el ex cónsul dominicano en Belladere, Haití, Andrés Boció Fortuna, quien por una combinación de suerte, proteccionismo, influencia del poder político y habilidades para evadir la acción de la justicia, se mantienen vigentes en la esfera pública, a pesar de un largo y cuestionado historial.
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Bajo los cargos de estafa, abuso de confianza y tráfico ilícito de emigrantes sería sometido el funcionario y otras seis personas involucradas. Sin embargo, el caso pasó sin pena ni gloria, desconociéndose si por lo menos se realizó alguna investigación contra siete imputados, entre los cuales figuraba Boció Fortuna.
Trata de personas es un crimen de lesa humanidad catalogado a nivel mundial y es un tema de orden público también, es un asunto de orden penal, pero este personaje logró que su caso no fuera ventilado en los tribunales.
Las críticas han llovido sobre este funcionario, tras su designación como nuevo ministro consejero encargado del área consular,, quien siendo cónsul en esa misma ciudad en el año 2007 fue señalado como uno de los organizadores de un fallido viaje a España y destituido de su cargo, tras ser investigado por supuesta falsificación de visas.
A base de dinero, logró un acuerdo amigable de desistimiento de querella constituida en acción civil, descargo y finiquito legal de parte de algunos de los afectados. ¿Pero el delito cometido quedó entonces borrado en virtud de ese acuerdo? ¿No constituyo este acto una burla a los debidos procesos de ley? ¿Por qué el Ministerio Público no siguió adelante en representación de la sociedad?
Como si no fuera suficiente con esos antecedentes, hace tan solo cuatro meses reapareció en la palestra pública, al ser detenido en el sur, cuando transportaba en una jeepeta15 haitianos indocumentados.
La pregunta colectiva es ¿Por qué en ninguno de estos casos se ha iniciado un proceso judicial en contra del hombre, que recientemente fue premiado con el mismo puesto que precisamente desató la ola de cuestionamientos en su contra?
¿Acaso la señal que se trata de enviar a los ciudadanos decentes que respetan la ley es que deben pasar la página, o sea ignorar lo acontecido, como si nada hubiera pasado, como si transgredir la ley fuera cosa menor permitida a gente allegada a instancias de poder?
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