Senado RD (Archivo)
SANTO DOMINGO, República Dominicana .- El Senado de la República Dominicana aprobó este jueves una resolución que rechaza una sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) que declara culpable al Estado dominicano por la violación de varios derechos en deportaciones efectuadas entre 1999 y 2000.
La iniciativa, acogida a unanimidad por los 18 senadores presentes en la sesión, expresar su rechazo «en todas sus partes, a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 28 de agosto de 2014, por violar la soberanía de la nación dominicana».
El hemiciclo exhortó, además, a la comunidad y organismos internacionales a respetar las regulaciones aplicables del derecho público interno que definen, de manera precisa, «quiénes son o no nuestros nacionales».El Senado dominicano enfatizó que la CorteIDH dictó una sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso «de personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana», y declaró que el Estado es internacionalmente responsable por la violación de los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos».
La resolución senatorial expresa, además, que la CorteIDH privilegió la adquisición de la nacionalidad dominicana por el «jus solis» (derecho de territorio) por encima del «jus sanguinis» (derecho de sangre), sin tomar en cuenta lo preceptuado en la Constitución haitiana, que expresa, inequívocamente, que los hijos de haitianos son haitianos no importan el lugar donde nazcan.
En ese sentido, la Cámara alta dominicana consideró que los haitianos que residen ilegalmente en República Dominicana no son apátridas, ya que al momento de su nacimiento tenían derecho a su nacionalidad, es decir a la nacionalidad haitiana vía «jus sanguinis».
El Senado consideró, asimismo, que la situación de indocumentados en la que viven los haitianos no es responsabilidad del Estado ni del pueblo dominicano, pero que el Gobierno local está asumiendo «responsablemente» y procurando una solución viable para ambas naciones, conforme la implementación del Plan nacional de regularización de extranjeros.
La sentencia de la Corte, dada a conocer la semana pasada, establece la culpabilidad de República Dominicana por violaciones a los derechos de identidad, igualdad ante la ley, libertad personal, garantías judiciales, protección judicial, a la familia, a la dignidad, así como una infracción a la prohibición de expulsión colectiva de extranjeros.
Los hechos ocurrieron entre 1999 y 2000 cuando el Estado detuvo y expulsó del país hacia Haití de manera arbitraria a 27 personas, 22 de las cuales eran dominicanas y cinco haitianos, entre quienes había niños, quienes vivían en República Dominicana.
En el fallo, los jueces aseguran que los documentos de identidad oficiales de algunas de las víctimas fueron destruidos o desconocidos por las autoridades estatales al momento de la expulsión, mientras que otras de las personas no tenían documentos.
«La Corte determinó que para la época de los hechos en República Dominicana las personas haitianas y de ascendencia haitiana comúnmente se encontraban indocumentadas y en situación de pobreza, y sufrían con frecuencia tratos peyorativos o discriminatorios, inclusive por parte de autoridades», agregó el tribunal.
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