La posición del Episcopado instando al Congreso a desestimar la observación presidencial a los artículos del Código Penal sobre la interrupción del embarazo en casos de violación e incesto, deformación del feto o el riesgo de muerte de la madre y su oposición radical a todo método científico para evitarlo, no deja a la mujer con opciones. Y es que la Curia local ha mantenido un tenaz rechazo al uso de métodos anticonceptivos que no sea el del ritmo, llamando a la práctica de un sexo responsable y dentro del matrimonio.
Sus posiciones se contradicen y no encajan en la realidad que rodea a la Iglesia en el mundo actual. La flexibilidad mostrada por el Papa Francisco en éste y otros asuntos fundamentales como el divorcio, y probablemente más adelante acerca del celibato y la ordenación de mujeres, lo cual no se podría dudar si sigue el camino recorrido, no se observa en la filial de la Iglesia dominicana, cuyas posiciones parecen haberse congelado un siglo atrás.
Cuando alega que el Estado tiene la obligación de salvar dos vidas, la de la madre y la criatura, desconoce que precisamente es eso lo que persigue la observación presidencial en los casos extremos. Cuando sostiene que “la pena no puede trascender de la persona del delincuente” y que la criatura no tiene que pagar la culpa del delincuente, de hecho transfiere la culpa a la víctima de la violación, inconcebible en una Iglesia que ha condenado infinidad de veces la lentitud y venalidad de la justicia.
La jerarquía católica se empantana al insistir en que la observación legaliza el aborto, una mentira consciente dada la inteligencia de sus miembros. Lo que persigue, por el contrario, es evitar que embarazos indeseados por crímenes como la violación y el aborto condenen a las víctimas. Entristece que la posición del Episcopado no sea tan activa frente a los graves y anti-cristianos casos de violación cometidos por muchos de sus miembros.
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