En dos oportunidades la demagogia ha enturbiado las aguas del pacto eléctrico, impidiendo que el país emprenda el camino de la reforma estructural más importante que se haya consensuado en las últimas décadas, en búsqueda de una industria eléctrica estable, eficiente, transparente y sostenible.
Tres años de discusión y de análisis sobre la problemática del sector han permitido que todos los actores de la industria, se hayan puesto de acuerdo en cuando menos 212 medidas para la mejora calendarizada de las distribuidoras para reducir las pérdidas técnicas y todos los sobre costos que castigan a los usuarios del servicio energético; la transparencia de la tarifa y focalización del subsidio a los sectores vulnerables; cumplimiento pleno de la ley general de electricidad; la planificación del sector a corto, largo y mediano plazo, para resolver la demanda futura de generación al menor costo y mayor compromiso de cuidado medioambiental.
La versión final del pacto eléctrico está aprobada desde la última plenaria celebrada el 26 de octubre del 2017, y se había pactado su firma para el 20 de diciembre de ese mismo año, ocasión en que la Asociación de Industriales de Herrera se encargó de deslucir la firma con tales niveles de infudios que en vez de un acuerdo pactado por el desarrollo sostenible el sector eléctrico, era una coalición de mafias para redistribuirse el botín.
De la única forma que lo pautado en el pacto se transforma en realidad, es con el firme compromiso de cada uno de los sectores de cumplir su parte, que, en algunos casos envuelven sacrificios y renunciaciones importantes, cosa que es difícil concretar en un ambiente de descrédito.
Tras el flaco servicio que la directiva de Herrera hizo a la imagen del pacto se aguardó más de un año en la creación del ambiente que hiciera posible su suscripción, ahora incluso con el endoso de la entidad que lo había boicoteado, se pautó su firma para esta semana, y en la víspera el Partido Revolucionario Moderno, con cuya aquiescencia se había contado para la convocatoria, se despacha con una lavativa demagógica para desentenderse de la firma y dañar el ambiente de su anuncio.
En diez puntos, la mayoría de los cuales están contenidos en los acuerdos del pacto, el PRM pretexta su desaprobación, pretendiendo que asume un rol de oposición, cuando una de las condiciones para que el pacto sea materializable implica el compromiso de los políticos, para que su seguimiento no esté arriesgado por posibles cambios de gobiernos.
No creo que el pacto sea una expresión de la debilidad institucional porque incluya aplicaciones de disposiciones de leyes que no se están cumpliendo, porque las leyes de por si no transforman la realidad, ni trazan las metas estratégicas, sino que se requiere siempre de voluntad de las élites y de toda la sociedad para los grandes avances.
Comparto lo que dice el Consejo Nacional de la Empresa Privada en un en comunicado reciente: “Para seguir el ejemplo de los países más exitosos, debemos ser capaces de llegar a consensos sobre la base del interés común. El ejemplo de aquellos que han sido visionarios, y han sabido colocar el interés nacional por encima de los intereses coyunturales”.
“Este retraso posterga el cumplimiento de los plazos establecidos, y aleja las posibilidades de mejorar las condiciones del sector, pero sobre todo de disminuir los apagones, costos y pérdidas, lo que beneficiaría a todos los dominicanos”
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