Prisión preventiva a imputado por abusos a adolescentes en un centro de rehabilitación
Las víctimas eran sometidas a actos de tortura, barbarie, violaciones sexuales, abusos psicológicos y un deficiente suministro de alimentos. Además, se les suministraban medicamentos sin prescripción médica.
SANTIAGO.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente ordenó 18 meses de prisión preventiva para un hombre imputado por cometer abusosfísicos y psicológicos contra varios adolescentes, ingresados en un centro de rehabilitación en esta ciudad.
La medida de coerción es para Joseph Yunior Guzmán García, alias Yunito, de 28 años de edad, a quien la Fiscalía le atribuye violentar los artículos 303, 303-4, numerales 1 y 2, y 351-2 del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, por los delitos sexuales cometidos contra las víctimas menores de edad.
La investigación también determinó que el hombre incurrió en violación al artículo 396 (letras A y B), del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) y, además, los artículos 29, 42, 89, 92, 115, 121 y 153 de la Ley General de Salud (42-01).
La jueza Estephanie Santiago Reyes, que declaró el proceso de tramitación compleja, instruyó que el imputado cumpla la prisión preventiva, revisable cada tres meses, en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega.
La juzgadora también autorizó el procedimiento de anticipo de pruebas para la obtención previa del testimonio de las víctimas menores de edad en condiciones que eviten su sobreexposición.
Por este caso, el pasado 29 de diciembre, el citado tribunal impuso 18 meses de prisión a Lorenzo Silverio Almonte y/o Julián (el Pastor), a quien se le atribuye la comisión de numerosos delitos en su condición de director del centro de rehabilitación.
La investigación, que encabeza el Ministerio Público con el apoyo de otras agencias como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Salud y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, se inició a raíz de la muerte de una persona, mayor de edad, en circunstancias que se indagan mientras se emite el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Tras la incursión del Ministerio Público al centro de rehabilitación, donde los menores de edad y otros adultos estaban en tratamiento por malas conductas y dependencia alcohólica, se descubrió el estado de hacinamiento en que se encontraban al menos cinco adolescentes, con edades entre 13 y 17 años.
Las víctimas eran sometidas a actos de tortura, barbarie, violaciones sexuales, abusos psicológicos y un deficiente suministro de alimentos. Además, se les suministraban medicamentos sin prescripción médica.
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