Santo Domingo.- Este 14 de agosto se cumple un año de la explosión en ocurrida en la fábrica Vidal Plast, San Cristóbal, tragedia que dejó 42 fallecidos y 12 desaparecidos, marcando para siempre las vidas de las familias afectadas que, color dolor e incertidumbre esperan respuestas.
En el siniestro que causó la destrucción de empresas y locales comerciales en un radio de un kilómetro, desaparecieron Dionisio Guzmán Perdomo, Irma Isabel Dipre Miranda, Pulette Brea Solís, Luz Esther Mateo, Eridania George Alcántara, Alfonso Cuevas Cuevas, Juan Mateo Casilla, Brendy Dary Toledo Benzant, Angel Luis Uribe Mendez, José Vicente Dicent, Rogelio Aristides Benzant y otra persona aún sin identificar.
Ante el desconsuelo de las familias, la diputada Ydenia Doñé, sometió una iniciativa que declara como fallecidos a los 12 desaparecidos que dejó la explosión, con objetivo resolver procesos civiles paralizados.
La iniciativa fue sometida con el título: «Proyecto de ley que autoriza a declarar judicialmente fallecidas a las personas reportadas desaparecidas que se encontraban el 14 de agosto de 2023, en la explosión ocurrida en el mercado viejo del municipio San Cristóbal, provincia San Cristóbal».
Pieza que dispone un procedimiento judicial para «declarar fallecidas a las personas reportadas desaparecidas que se encontraron el 14 de agosto de 2023 en la explosión ocurrida en el mercado viejo del municipio de San Cristóbal», estable del documento aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados, pero la pieza no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo.
A través de el programa El Informe con Alicia Ortega, el Ministerio Público (MP) en San Cristóbal indicó que “presentará en las próximas semanas la acusación formal contra los imputados en el caso de la explosión». Se trata de Edward Armando Vidal Garrido, su esposa Maribel Sandoval Almanzar de Vidal y Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, propietarios de la razón social Vidal Plas SRL, quienes guardan medida de coerción por este hecho, señalados de homicidio involuntario, crimen tipificado el artículo 319 del Código Penal Dominicano.
Prevén, según el escrito, que “…a principios del próximo mes de septiembre, dentro del plazo establecido por la Ley, se depositará la acusación».
El órgano acusador también dijo a El Informe que los imputados por el caso, han cumplido con las respectivas medidas de coerción que se les impusieron desde la fase inicial.
Mientras, Fadulia Rosa, fiscal de esa provincia, asegura que «…durante el tiempo transcurrido del hecho a la fecha, el MP ha continuado las investigaciones sobre el caso…”, y que el expediente acusatorio se encuentra en su fase final de elaboración.
Pese a la declaraciones del MP, el abogado Roberto Sánchez, uno de los juristas que lleva la demanda patrimonial en contra el Estado, aseguró no tener conocimiento de que se esté realizando ninguno tipo de investigación.
“Nosotros no tenemos conocimiento de ningún tipo de investigación. Desde el primer momento tenían que iniciarse las investigaciones. El Ministerio Público tenía un rol que era acordonar el lugar de los hechos e impedir que ahí se contaminara la escena de los hechos, sin embargo, de acuerdo al informe del COE y el Ministerio de Obras Públicas, al otro día, el 15 comenzó el desmembramiento de la escena, a llevarse todos los materiales que había ahí, donde ocurrió el hecho, y en 4 días se llevaron 400 toneladas de material, desapareciendo todas las evidencias que habían y evidentemente desapareciendo osamentas humanas que habían ahí”, declaró Sánchez a El Informe.
Al tiempo de indicar que, a un año de la tragedia, de los 42 fallecidos hay 12 desaparecidos y tres osamentas sin identificar, Sánchez, aseguró que operadores de las maquinarias que retiraron los escombros alertaron de un fuerte hedor entre los restos.
“Donde botaron esos desechos, la comunidad comenzaron a protestar por el mal olor y es evidente que las osamentas que estaban ahí”, insistió el abogado.
“Nosotros estamos haciendo una demanda en daño civil en daño y responsabilidad contra el Estado dominicano, dígase el ayuntamiento, el alcalde de este momento, el Ministerio de Obras Públicas y la compañía Grilco. Estamos buscando el resarcimiento económico de sus familiares, la indemnización de esos familiares y afectados también. Yo quiero que usted sepa que hay muchísimas personas que están heridas, algunas hasta con lesiones permanentes”, agregó.
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