Abogada de Gonzalo Castillo dice "si hizo algo mal, debe ser juzgado justamente, no con campañitas mediáticas"
País
Además, denunció que se ha utilizado documentación con sellos falsificados para intentar engañar al tribunal, lo cual calificó como una grave irregularidad.
SANTO DOMINGO.– Laura Acosta, abogada defensora de Gonzalo Castillo, quien está vinculado a la Operación Calamar, manifestó en El Despertador que en caso de que su cliente haya cometido alguna falta, debe ser juzgado conforme a la ley y no a través de maniobras mediáticas.
«Mi cliente Gonzalo Castillo, si hizo algo mal, debe ser juzgado justamente, no con campañitas de notas de prensa«, afirmó Acosta.
Según la abogada, su cliente está siendo acusado alegadamente de recibir fondos de procedencia ilícita para su campaña electoral. Sin embargo, de las demás acusaciones no hay una formulación precisa de qué hecho cometió.
Acosta señaló que los plazos legales no han sido respetados correctamente.
«La acusación no fue depositada dentro del plazo establecido por el tribunal, el tribunal le intimó y le dijo usted tiene hasta el 30 de abril para depositar», afirmó.
La abogada también detalló que, a pesar de que la acusación fue recibida por el tribunal el 6 de mayo, las notificaciones no comenzaron hasta el 15 de mayo. Ella consideró esto «insólito».
Además, denunció que se ha utilizado documentación con sellos falsificados para intentar engañar al tribunal, lo cual calificó como una grave irregularidad.
“La prueba pericial fue entregada por los peritos a la PEPCA el 24 de abril a las 3 de la tarde. En los documentos en que se sustentan las 557 páginas llegaron a la PEPCA el mismo 24 de abril a las 3:07, ósea siete minutos después de estar hecho el peritaje. ¿Qué te indica eso? Que hicieron ese peritaje con pruebas ilícitas o con lo que les dio la gana”, agregó.
En cuanto a las pruebas presentadas en el caso, Acosta señaló que la única evidencia que existe hasta el momento es testimonial. Esta no está vinculada directamente a su cliente.
Sobre el caso
En el expediente de la Operación Calamar, el órgano persecutor acusa al grupo de sustraer al Estado más de 19 mil millones de pesos de los contribuyentes. Esto ocurrió mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública. También incluye sobornos para financiar la campaña política del 2020.
Entre los acusados en el entramado de corrupción figuran, además de José Ramón Peralta y Donald Guerrero, exministro administrativo de la Presidencia y exministro de Hacienda, respectivamente. Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas, también es acusado.
También se encuentran implicados Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República. Además, Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional, están involucrados. Asimismo, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar, son acusados.
