Acusan a excanciller hondureño por la compra fraudulenta de ventiladores para la pandemia

Tegucigalpa. – El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras presentó este lunes una acusación contra el excanciller hondureño Lisandro Rosales y otros cinco exfuncionarios, por el presunto fraude de 63,8 millones de lempiras (2,5 millones de dólares) en la compra irregular de ventiladores mecánicos para atender la pandemia de la covid-19.

En un comunicado, la Fiscalía de Honduras indicó que la acusación fue presentada a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP).

Además de Rosales, los otros acusados son: el exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) Gabriel Rubí, la excónsul de Honduras en Nueva York Jessica Canahuati, y los exfuncionarios del organismo de protección civil Cristian Elías Santelí, Clara Lizeth Trejo y Alexis Yamil Peña.

Clara Lizeth y Alexis Yamil ya fueron capturados por las fuerzas de seguridad de Honduras, confirmó a periodistas el portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora.

Los seis exfuncionarios durante el segundo mandato de Juan Orlando Hernández (2018-2022), quien en junio fue condenado a 45 años de prisión en Nueva York por narcotráfico, son acusados de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios al comprar ventiladores mecánicos que «fueron recibidos incompletos y sin sus accesorios para su adecuado uso», lo que impidió atender a los pacientes con Covid-19, precisó la Fiscalía hondureña.

«La pandemia no solo nos golpeó con una crisis sanitaria, sino que nos mostró la cara más cruel de la corrupción, ya que según las investigaciones, estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición y realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación soporte y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente», subrayó.

La Fiscalía de Honduras enfatizó que mientras el pueblo «sufría una de las peores tragedias sanitarias de su historia y miles de hondureños morían asfixiados» en los hospitales, los acusados «llenaban sus cuentas bancarias con dinero manchado de sangre y lágrimas».

Agregó además que los ventiladores aún continúan almacenados en las bodegas de los nosocomios estatales porque «no fueron aptos» para atender pacientes con covid-19.

«Esta adquisición se convirtió en una cruel burla a la desesperación de todo un país, ya que la negligencia y la codicia de quienes debían servir al pueblo provocaron un perjuicio a la salud del pueblo», señaló la Fiscalía hondureña.