José Manuel Vargas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), en representación de todas las ARS privadas que la integran, rechazó la resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) que ordena el traspaso de más de 400 mil empleados públicos y sus familiares afiliados que pertenecen a las ARS privadas a ARS SENASA, operada por el gobierno dominicano.
La disposición “representa una amenaza para el derecho de libre elección de todo dominicano, y un serio quebranto a la libre competencia y a los derechos de la empresa privada”, según reafirmó José Manuel Vargas, presidente de ADARS.
Según la Ley 87-01 que crea y regula el Sistema Dominicano de Seguridad Social en su artículo 4, el afiliado tendrá derecho a elegir la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) que más le convenga.
Sin embargo, la disposición No. 00189-2012 aprobada por la SISALRIL viola este derecho fundamental del asegurado porque ordena el traspaso obligatorio al SENASA y que estos sean extraídos de las Administradoras de Riesgos de Salud en las que cotizan actualmente.
De la misma forma, la ley dispone que las ARS no “podrán rechazar o cancelar la afiliación de un beneficiario por razones de edad, sexo, condición social, de salud o laboral”, aspecto que la nueva disposición también lacera.
La resolución le ordena a las ARS abstenerse de inscribir “cualquier institución del sector público centralizada, descentralizada o autónoma, que no tenga contratos vigentes de aseguramiento con una ARS”.
El presidente de ADARS, indicó que “la Resolución emitida por SISALRIL afecta la prestación de servicios médicos a un importante sector de afiliados que, apoyados en su derecho a la libre elección, optaron por las ARS privadas y que ahora, sin tomar en cuenta su opinión o preferencia, son despojados de un derecho adquirido que consiste en el beneficio de una cobertura de servicios que, todos los estudios de la industria indican, cuentan con altos niveles de satisfacción”.
Vargas también enfatizó que esta decisión es de preocupación para ADARS, ya que uno de los objetivos de la entidad que preside es velar por el cumplimiento de la ley que regula el Sistema Dominicano de Seguridad Social y los derechos de los afiliados.
