SANTO DOMINGO.- El mayor general Adán B. Cáceres Silvestre, quien se desempeñó como Director del Cuerpo de Seguridad Presidencial del expresidente Danilo Medina (2012-2020), administró más de tres mil millones de pesos, según información suministrada por la Dirección General de Presupuesto.
En la solicitud de medida de coerción en el caso «Operación Coral» por corrupción administrativa, el Ministerio Público asegura que la pastora Rossy Guzmán, utiliza empresas y personas de su círculo cercano, como Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo), Rafael Núñez De Aza, Raúl Alejandro Girón y Eric Daniel Pereyra Núñez, para ocultar los bienes muebles e inmuebles que supuestamente el general del Ejército Cáceres Silvestre no puede justificar, fungiendo estos como testaferros y prestanombres.
La Procuraduría informó que entre los bienes inmuebles identificados como propiedad del militar, pero supuestamente administrados por la pastora a través de la empresa Único Real State e Inversiones SRl, donde también está su hijo, son los únicos accionistas, se encuentra un proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación común, ubicadas en la Urbanización Colinas del Oeste, cuyo costo, solo del solar asciende a más de 160 millones de pesos, mientras que la construcción de las casas poseen un valor aproximado de un millón de dólares.
Solicitud de medida de coerción
El Ministerio Público depositó este lunes la solicitud de medida de coerción contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y otros tres apresados el sábado como parte de la primera fase de la “Operación Coral”, investigación por corrupción, asociación de malhechores, estafa y otros delitos contra el Estado.
Fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) se presentaron ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional con el auto en el que piden un año de prisión preventiva contra el exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia y la pastora Guzmán Sánchez, además de Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca y quien encabezó el equipo que depositó la instancia de más de 200 páginas, declaró en el palacio de justicia de Ciudad Nueva que los hechos atribuidos a estas cinco personas son el fruto de meses de investigación. Al responder preguntas de la prensa, indicó que los fiscales han realizado amplias indagatorias “para poder presentar una solicitud de medida fuerte, con toda la contundencia para obtener la prisión preventiva” para todos los imputados.
La Pepca, que coordina la Operación Coral junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, solicitó también que el tribunal declare el caso de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados y a la gravedad de los hechos que les atribuyen en perjuicio del patrimonio público.
Agregó que fruto de los 27 allanamientos realizados durante el fin de semana en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país, las autoridades ocuparon bienes inmuebles y otras posesiones que fueron adquiridas con fondos que corresponden al erario.
“Tenemos inmuebles en Colinas del Oeste, tenemos villas, tenemos distintos tipos de inmuebles” en varios lugares de la geografía nacional, avanzó Ortiz, quien dijo, sin embargo, que la estimación económica está todavía en proceso, a fin de determinar los montos con que ha sido defraudado el Estado.
El órgano de la acusación detalla en un comunicado de prensa que sobre el grupo pesan acusaciones de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La magistrada Ortiz agregó que el Ministerio Público no duda que, en el transcurso de las investigaciones, que ahora se amplían, resulten otras personas implicadas en estos ilícitos y se irán sometiendo según se encuentren los elementos de prueba para solicitarles medidas de coerción.
Sostiene que el Ministerio Público reúne suficientes evidencias para lograr la prisión preventiva contra los cinco prevenidos, que es, además, la medida de coerción idónea para salvaguardar el desarrollo y ampliación de las investigaciones y garantizar que los implicados respondan ante la justicia, debido a la gravedad de los hechos.
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